Contra Madrid

El PSOE dice ser un firme defensor del Estado de las Autonomías, hasta el punto de plantear abiertamente la necesidad de transitar hacia un Estado federal donde los actuales gobiernos regionales vean ampliadas sus competencias. Sin embargo, en materia fiscal, todo ese discurso descentralizador cae en el olvido. Esta misma semana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció la creación de una comisión de expertos para la reforma de nuestro sistema tributario y una de las principales misiones que encomendó a esos expertos fue la armonización del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones entre todas las autonomías de régimen común. El objetivo no es otro, claro está, que finiquitar la estructura fiscal de la Comunidad de Madrid, la única en toda España que ha decidido —dentro del legítimo ejercicio de sus competencias fiscales— suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio e introducir bonificaciones del 99% para familiares directos en el Impuesto sobre Sucesiones. Al parecer, nada de ello estará permitido en el nuevo modelo fiscal de Montero: como si la opción de disparar un impuesto no fuera tan legítima como la de reducirlo, o la opción de crear un tributo tan legítima como la de eliminarlo. Se dirá que es inadmisible que la Comunidad de Madrid escoja convertirse en un paraíso fiscal, pero la realidad es que ni debería ser inadmisible ni, por desgracia, la CAM se ha convertido en paraíso fiscal alguno. Sin ir más lejos, nuestro vecino Portugal tampoco carga ni con el Impuesto sobre el Patrimonio ni con el de Sucesiones y Donaciones: el intolerable dumping fiscal que supuestamente perpetra Madrid —y debido al cual se justifica la violación recentralizadora de sus competencias— lo está perpetrando ahora mismo nuestro vecino Portugal. ¿Por qué el Gobierno central quiere impedirle a la CAM que adopte un modelo fiscal parecido al de Portugal? ¿Por qué desea obligar a la CAM a que restablezca un impuesto —el de Patrimonio— que está extinto en el resto de Europa? En el fondo, de lo que se trata es de igualar a todas las autonomías en las peores políticas intervencionistas para que ninguna sobresalga en medio de tanta mediocridad. No sea que los ciudadanos descubran qué políticas funcionan y cuáles no.