El «problema catalán» tiene un precio

Es obligación de cualquier político responsable resolver los problemas del país en el que gobierna y no empeorarlos. Es muy loable que Pedro Sánchez se proponga solucionar de una vez por todas el denominado «problema catalán», si con ello mantiene lo fundamental que debe prevalecer en una sociedad democracia: la libertad y la igualdad. Pero para ello debe, primero, hacer un diagnóstico claro de cuál es ese problema, en que reside y las causas por las que los partidos nacionalistas que gobiernan en Cataluña desde hace más de cuarenta años, manteniendo todos los resortes de poder, se embarcan en un «proceso» que acabó con la declaración unilateral de independencia en el otoño de 2017 y la ruptura de la unidad civil. En este caso, sí que es necesario conocer la historia y saber que en el catalanismo acuñado por Prat de la Riba, Cambó, Macià, Companys, Tarradellas y Pujol los hubo leales y desleales. Si unos buscaban la integración en España como una fuerza modernizadora (Cambó y Tarradellas) que podía ayudar al conjunto del país, otros buscaron la disgregación y el enfrentamiento, incluso violento (Macià, Companys). Pujol supo dotar al nacionalismo de una fuerza cultural –agravios, derechos históricos y victimismo– y un poder político y social nunca alcanzados, que acabó intentado –a través de su nefastos aprendices, Mas, Puigdemont y Torra– romper la unidad de España y su democracia. Sánchez no debería olvidar que el mayor desarrollo del autogobierno en Cataluña tuvo lugar con la Constitución del 78, incluso previa a ella con la restauración de la Generalitat en 1977, y de la Monarquía parlamentaria. Por lo tanto, hay que admitir que el marco político en el que se ha podido desarrollar el catalanismo y que le ha permitido un grado de autonomía inimaginable en Europa es el que ahora esa versión populista y culturalmente supremacista quiere destruir. El pasado 17 mayo, el ministro de Política Territorial y secretario general del PSC, Miquel Iceta, dijo algo que esperemos no sea lo que inspire esa estrategia de Sánchez para resolver el «problema catalán»: «La unidad de España solo ha estado en peligro cuando ha gobernando el PP». No sólo no es cierto, sino que induce a pensar que sólo la izquierda puede colmar las aspiraciones nacionalistas, cuando basta retroceder al tripartito –de 2003 a 2010– del PSC, ERC y ICV para saber que condujo a un nuevo Estatuto incompatible con la Constitución, aldabonazo para el inicio del «proceso».

Otra cosa es querer resolver el problema de cómo permanecer en La Moncloa con el apoyo de un partido independentista como ERC, que le pide unas condiciones inasumibles: indulto a los condenados por sedición y un nuevo estatuto que recupere aspectos que ponen en duda la soberanía nacional. La historia nos dicta que el nacionalismo busca imponerse a la mitad de los catalanes, con lo que no se resolvería ningún problema.