La amenaza está en Moncloa

La izquierda española alertaba hace escasamente dos meses, en la campaña de las elecciones de la Comunidad de Madrid, del grave peligro que corría la democracia española por culpa de unos envíos postales anónimos que contenían balas. Resulta curioso que esa izquierda, y ese desnortado partido político que gobierna España, en lugar de proteger la democracia que tanto les preocupaba en vísperas electorales, se dediquen a demolerla a diario desde las instituciones e instancias de poder que ocupan. Según esta izquierda proclive al supremacismo moral, son las instituciones democráticas las que se tienen que amoldar a ella, por la sencilla razón de que es ella la que representa a la democracia, y son los demás los que la obstaculizan. Por eso, en su enconado combate por apartar las piedras del camino que les molestan, como bien definió José Luis Ábalos, ese gran experto en diplomacia aeroportuaria, ahora la tienen tomada con el Tribunal de Cuentas.Y todo porque resulta que a los indultados del sanchismo, esos señores que delinquieron y fueron condenados por el Supremo, que sobre este tema no decían ni una palabra cuando su vida consistía en entrar y salir de las cárceles catalanas para alternar su condena con la agotadora agenda que les imponían TV3 y el subvencionado mundo del independentismo catalán, ahora se han dado cuenta de que la deuda que tienen contraída con la sociedad, más allá de lo penal, es también muy onerosa en términos económicos, porque, conviene no olvidar que, además del romántico delito de sedición (es un decir), estos señores cometieron varios de malversación, que es aquello, ya saben, de la corrupción. Y como Pedro Sánchez solo quiere agradar y tener el voto de ERC, y entiende que cualquier multa a los delincuentes separatistas dificulta sus planes, ahora le sobra ese Tribunal tozudo que busca la forma de que las arcas públicas recuperen cerca de diez millones de euros. Por eso se ha embarcado en lo que ya es una estrategia clásica del sanchismo, y que vimos hace meses, cuando intentaron erosionar, por distintas vías, el CGPJ, al propio Tribunal Supremo y al conjunto del poder judicial de este país, y que no es otra que la de intentar desmontar las instituciones que le supongan un inconveniente en su cesión al nacionalismo extremo, porque aquí lo único importante es indultar a 9 señores, que les perdonen 10 millones, y que Esquerra garantice al Gobierno la continuidad de la legislatura. Y si el Poder Judicial, el Supremo, el Tribunal de Cuentas, o quien sea, no se pliegan, ya se encarga el Gobierno de hacer campañas de desprestigio para presentarlos ante el conjunto de la sociedad y ante la propia Unión Europea como focos a los que no termina de llegar el progreso y la democracia, tal y como los entiende esta izquierda. Cada día está más claro lo que representa Pedro Sánchez para nuestra democracia, dispuesto como está a mantenerse en el Gobierno al precio que sea, incluido el de utilizar como combustible al propio Estado y ejerciendo para lograrlo el peor autoritarismo, toda una amenaza.