Maltrecho Montesquieu

Que la relación entre el actual poder ejecutivo de la nación y el poder judicial es manifiestamente mejorable ya ni siquiera pasa por ser noticia, pero las tardes de gloria en este terreno no parece que se vayan a acabar. La nueva y flamante ministra de justicia Pilar LLop se marcaba como gran objetivo tras su toma de posesión el desbloqueo definitivo de los altos órganos judiciales del país y abundaba en unas cuantas declaraciones de intenciones que quedaban prematuramente en cuarentena nada más producirse la reacción de la ministra frente a la sentencia del Tribunal Constitucional tumbando el estado de alarma. No han sido pocos los miembros de la judicatura asociados o no –y con alguno de los cuales tuve oportunidad de conversar– que se mostraron molestamente sorprendidos por el hecho de que, justo las dos únicas ministras del Gobierno que además son magistradas fueran las encargadas de rebatir públicamente una sentencia del TC ya saben, las «elucubraciones doctrinales sin sentido de estado».

Pero la ausencia de propósitos de enmienda por parte de un Gobierno al que parece estorbar la independencia del poder judicial no ha tenido la reacción ante el Constitucional como única referencia. Resulta casi inédito el hecho de que, tras su nombramiento, LLop únicamente se reuniera con la asociación Jueces para la democracia, con la que mantiene una más clara afinidad pero rompiendo una regla no escrita en la mayor parte de sus antecesores, que pasaba por el encuentro con las cuatro principales asociaciones de jueces, una a una y con independencia de quien o como solicitase la reunión. Ignorar de entrada a la parte mayoritaria del colectivo tampoco parece ser una muy buena idea. Son las variantes que se han ido instalando en la relación entre la judicatura y un gobierno desde el que por cierto no parecen contemplarse demasiados reparos –en un momento en el que se demonizan las «puertas giratorias»– al regreso inmediato de ministros de Justicia a puestos como la Fiscalía General del Estado o, caso de Juan Carlos Campo a la Audiencia Nacional, eso sí, con la anuencia del propio Consejo General del Poder Judicial. El impulso que Sánchez pretende dar a su Gobierno tras la remodelación no puede obviar la recuperación de la normalidad en la relación con la justicia. Llop cuenta todavía con margen de confianza a pesar del «estreno», pero aquí hay 81 folios de sentencia muy argumentados. Maltrecho Montesquieu.