La Guerra Civil no fue un golpe de Estado
La izquierda, que había defenestrado al honesto Besteiro y encumbrado al montaraz Largo Caballero, estaba decidida a imponer por la fuerza su revolución
Luis Felipe Utrera-Molina. Abogado

Hace unos días, Alberto Núñez Feijóo, matizando al presidente de su partido, llegó a afirmar que «la Guerra Civil fue un golpe de Estado», afirmación tan fútil como falsa inspirada en ese complejo que el principal partido de la oposición alberga respecto al relato falsario que la izquierda lleva décadas imponiendo sobre nuestra historia.

Sugerir que la Guerra Civil fue el resultado de un pronunciamiento más al estilo del golpe de Pavía o del resto de las militaradas decimonónicas, incluso de la Sanjurjada de 1932 es, sencillamente, faltar a la verdad.

Es difícil condensar en unas pocas líneas el contexto político-social en el que vivía España en 1936. Tras unas elecciones groseramente fraudulentas, el Frente Popular destituyó de forma ilegal al presidente de la República, ilegalizó varios partidos de la oposición encarcelando a sus dirigentes, impulsó una censura sin precedentes en la prensa y la incautación de propiedades privadas por todo el territorio nacional, mientras alentaba la formación paramilitar de milicias socialistas y comunistas que campaban a sus anchas por las capitales de España generando un clima de terror asfixiante.

En su última intervención parlamentaria del 1 de julio, José Calvo Sotelo, líder de Renovación Española –que para los más jóvenes vendría a representar hoy mutatis mutandis el espectro ideológico de Vox– tras relatar unas cifras escalofriantes de más de 400 iglesias incendiadas, 300 muertos, 1.300 heridos, más de 10 periódicos destruidos, etc, desde febrero de 1936, dijo lo siguiente «no creo –y no me negaréis una cierta autoridad moral para formular este aserto– que exista actualmente en el Ejército español (…) un solo militar dispuesto a sublevarse en favor de la Monarquía y en contra de la República. Si lo hubiera, sería un loco, lo digo con toda claridad, aunque considero que también sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse en favor de España y en contra de la anarquía...».

Además de las amenazas de muerte de Dolores Ibárruri quien dijo (según confirmó Josep Tarradellas que se sentaba en un escaño cercano) «has hablado por última vez», la respuesta del diputado del PSOE, Ángel Galarza no fue menos equívoca: «Pensando en Su Señoría, encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida».

La noche del 13 de julio, la furgoneta número 17 de la Guardia de Asalto salió de Pontejos a las órdenes de Fernando Condés, capitán de la Guardia Civil e instructor de la motorizada (grupo socialista que servía de escolta a Prieto). Dentro de la misma, además de guardias de Asalto, iba al menos media docena de militantes del PSOE, y una vez efectuada la detención no fue un guardia de Asalto, sino un guardaespaldas de Prieto, Luis Cuenca, quien le asesinó a sangre fría con dos tiros en la nuca.

Pero lo peor, lo que demuestra hasta qué punto la República había dejado de ser un Estado de Derecho para convertirse en un proceso revolucionario, es que, a la mañana siguiente Condés, –que se había refugiado en la sede del PSOE en la calle Ferraz– informó de la ejecución al diputado del PSOE y director de «El Socialista», Julián Zugazagoitia, al propio Prieto y a un tercer diputado socialista, Vidarte, quienes en vez de denunciarles optaron por encubrirles.

Pocos meses después, el diputado socialista Ángel Galarza, ya ministro, afirmó que «el asesinato de Calvo Sotelo me produjo un sentimiento [...] el sentimiento de no haber participado en su ejecución». No creo que se necesiten muchas más explicaciones para demostrar que el Frente Popular había liquidado el Estado de Derecho y había subvertido la legalidad republicana en un proceso revolucionario abiertamente sovietizante, como el propio Largo Caballero admitió en numerosas declaraciones públicas que están en la hemeroteca.

Podría el Gobierno de Casares Quiroga haber reaccionado a tiempo, pero en vez de hacerlo, tras el horrendo crimen ordenó la clausura de las sedes de Renovación Española, cuyos militantes, así como los de Falange, fueron encarcelados a mansalva, mientras los asesinos de Calvo Sotelo paseaban impunemente por las calles de Madrid.

Hasta el propio Franco en un intento desesperado por evitar lo inevitable, pidió al presidente Casares Quiroga el 23 de junio que pusiese fin al caos revolucionario. Pero todo fue inútil porque la izquierda, que había defenestrado al honesto Besteiro y encumbrado al montaraz Largo Caballero, estaba decidida a imponer por la fuerza su revolución. En definitiva, el 18 de julio de 1936 no se produjo ningún pronunciamiento, ninguna militarada y mucho menos un golpe de Estado «fascista». En primer lugar, porque el fascismo apenas tenía fuerza en España y porque no fue exclusivamente militar sino cívico-militar con el apoyo de todas las fuerzas monárquicas, tradicionalistas, la derecha parlamentaria, el centro (Lerroux) y la Falange (todos ellos llamados, como hoy, «fascistas» por la izquierda) que tuvieron que elegir entre entregarse en holocausto sacrificial a sus verdugos o defenderse con las armas.

Debería recordar el presidente gallego que, como dijo Albert Camus, «la libertad consiste, en primer lugar, en no mentir. Allí donde prolifere la mentira, la tiranía se anuncia o se perpetúa». Y los españoles no merecemos políticos que nos mientan, que, por desgracia, sobran.