¿Triunfalismo laboral?

El Gobierno de España está mostrando una actitud abiertamente triunfalista sobre la evolución de los datos del empleo en nuestro país. Y en parte es comprensible: el mercado laboral está mostrando un mayor dinamismo de lo que cabía esperar a inicios de la pandemia (no sólo, por cierto, en España: en general está ocurriendo lo mismo en todos los países desarrollados), hasta el punto de que el número de afiliados a la Seguridad Social durante el mes de agosto se ubicó aproximadamente en idénticos niveles a febrero de 2020 y apenas un 1% por debajo de agosto de 2019. Sin embargo, convendría no echar excesivamente las campanas al vuelo porque los datos, siendo buenos, ocultan algunas fragilidades de las que también deberíamos ser conscientes. En un esclarecedor hilo de Twitter, el economista Raül Segarra arrojaba recientemente luz sobre cuál es la situación actual de nuestro mercado laboral. En primer lugar, el número de trabajadores en ERTE (o programas asimilables al ERTE) ronda los 500.000: en concreto, los trabajadores por cuenta ajena acogidos a este régimen es de 273.000 y el número de trabajadores autónomos con prestación por cese de actividad es de 223.000. Tengamos presente que, aun cuando estas personas estén afiliadas a la Seguridad Social, no están laboralmente activas, de modo que no cabe considerar que hayan regresado a la situación previa a la pandemia (aun cuando, repetimos, estén cotizando a la Seguridad Social). Segundo, si, dejando de lado a los trabajadores en ERTE o asimilables, hemos recuperado los niveles de afiliación a previos a la pandemia no es porque todos los sectores económicos estén prácticamente al mismo nivel que en 2019: algunos sectores siguen con cifras de afiliados claramente inferiores a 2019 mientras que otros sectores, en cambio, han aumentado sus contrataciones lo suficiente como para compensar la merma de los otros. En particular, los sectores más dañados son «servicios de comidas y bebidas», «servicios de alojamiento», «comercio al por menor» o «actividades de alquiler» (los mismos, por cierto, que concentran a la mayoría de los ERTE): todos ellos –y algunos más– arrojan una destrucción neta de empleo de 220.000 personas. Ahora bien, otros sectores –como «sanidad», «educación» o «administración pública y defensa» – han creado 271.000 empleos, de manera que el efecto neto ha quedado más o menos en tablas. ¿Cuál es el problema? Pues que, si nos fijamos, el grueso de la creación de nuevo empleo se concentra en actividades del sector público relacionadas con el esfuerzo extraordinario para hacer frente a la pandemia. Dicho de otro modo, es harto probable que gran parte de esos empleos se pierdan durante los próximos años, conforme el sobregasto vinculado a contrarrestar la pandemia vaya reduciéndose. Por consiguiente, el balance es, de momento, frágil: 250.000 personas han perdido su empleo en sectores que no está claro que lo vayan a recuperar; 500.000 se mantienen en el limbo económico a la espera de reincorporarse; y otros 250.000 probablemente pierdan su puesto de trabajo conforme la situación sanitaria se normalice. Hay, por tanto, alrededor de un millón de empleos que, aunque las estadísticas no lo reflejen por entero, pueden quedar muy tocados con la pandemia y la post-pandemia.