La mala memoria
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Lo anunciaron los augures, pero Moncloa ignoró sus avisos. La ley bautizada como de Memoria Democrática, ficción poética con implicaciones penales, lleva en su pecho la dinamita de la desafección y el sectarismo, antesalas de la ruptura de un contrato social cercado desde 2007. Los que llegaron para renovar la democracia inventaron las sopas de ajo y por todo programa traían una aversión completa a cuantos no comulgaran con su ideario.

La ley, que mezcla buenos deseos, malos preceptos y enunciados inquietantes, que viene precedida por el alud sulfúrico de unas declaraciones y actitudes abiertamente hostiles al legado de 1978, nace para sustituir la ley de Memoria Histórica. Aquel oxímoron que trataba de (re)vestir los recuerdos íntimos de millones de españoles con las hechuras científicas de las ciencias sociales. Con el pretexto de elaborar un corpus memorialístico pata negra los redactores ignoraban los miles de libros y monografías, ponencias y papers, tesis doctorales e investigaciones, así como las políticas de reparación de las víctimas. Para los campeones del revanchismo la herida de la guerra sigue abierta a pleno chorro, también por cuestiones de índole crematística y de prestigio, con la audiencia enganchada al solitrón de la inquina.

Los críticos de la nueva ley no sólo habitan allende de la alianza de civilizaciones antifascistas y las plurales tribus cantonalistas, sino que incluso dentro del Ministerio de Interior hay quien opina que la ley llega gripada. Basta con asomarse a los apuntes legales del secretario general técnico del ministerio. Juan Antonio Puigserver, que niega las competencias del gobierno para ilegalizar fundaciones, alerta del caos competencial con las autonomías y avisa del peligro de hacer el ridículo, al declarar como ilegales las sentencias franquistas previamente declaradas como ilegales por el Ejecutivo presidido por Zapatero.

En medio siglo, de 1936 a 1977, cabotamos de la tormenta de plomo a la dictadura y la democracia. La guerra, movimiento sísmico, se activa por el choque o ruptura de unas placas tectónicas. Soportaban la presión de una república arteroesclerótica por el odio, tomada al asalto por los golpistas de África y los prosélitos del soviet. Muchos años más tarde, en 1956, el PCE, que soportó el peso de la lucha clandestina, proclamó que para abandonar el avispero había que apostar por una política de confraternización nacional. Los pueblos obsesionados con conjugar nuevas venganzas, resarcimientos y reparaciones están condenados al asco mutuo y la generación de nuevas vocaciones totalitarias.

Los enemigos de la reconciliación, muchas décadas después de aquella declaración del PCE, descubrieron el filón de la muerte, a la que rinden tributo con el entusiasmo de ciertas gentes del norte. Ignoran/desprecian las enseñanzas de tipos tan admirables y necesarios como el escritor Andrés Trapiello, cuando con santa paciencia y libros incontestables insiste en que después de 70 años no podemos arrojarnos los muertos a la cara. Resulta perentorio asumirlos como propios. A todos. A los de Paracuellos y los mineros en Asturias. A los baleados por los falangistas en la retaguardia de sangre espigas y a los masacrados por los anarquistas en sus orgías homicidas. A los que desollaron los comisarios de Stalin, a los mártires de Badajoz o Sevilla y a los que terminaron delante del paredón en el Madrid sitiado. No hay muertos buenos o malos. Hay héroes. También verdugos. En los dos bandos. E incluso existe un tercero, que embarcó hacia el exilio porque la defensa de los valores liberales y la democracia parlamentaria era para todos sinónimo de equidistancia y colaboracionismo. Pero la izquierda reaccionaria reniega de su mejor pasado, olvidando a quienes en 1956 declaran «fuera de la reconciliación nacional no hay más camino que el de la violencia».