Sánchez contra Montesquieu

A los ataques despiadados al poder judicial, el socialpodemismo ha sumado un impresionante desprecio al poder legislativo

Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaPool Moncloa/EFE

El mecanismo parlamentario que llevó a Sánchez a la Moncloa fue una moción de censura al Gobierno que encubría una auténtica moción de censura al Estado, como atestiguaba una mayoría parlamentaria conformada por el populismo radical, el nacionalismo independentista y el batasunismo rampante. El Gobierno que nació ese día, que luego se prolongó en la coalición con Podemos que hoy conocemos, tiene el enorme mérito de haber provocado el mayor conflicto con el resto de poderes del Estado que se recuerda en toda la historia de nuestra democracia.

La declaración de guerra al poder judicial comenzó con la propuesta de una ministra y diputada socialista, al más puro estilo «uno de los nuestros», como fiscal general del Estado; continuó con los exabruptos de algunos ministros contra el funcionamiento de una justicia plenamente democrática; se ratificó con unos indultos que corregían una decisión histórica del Supremo, y se mantiene en una continua retahíla de propuestas insólitas y pullas contra todo tipo de órganos relacionados con la Justicia, un día la Junta Electoral, otro el Tribunal de Cuentas.

El conflicto sigue, hoy mismo, con un Gobierno y un PSOE que no se resignan a aceptar que los políticos deben dar un paso atrás en la renovación del órgano de los jueces, porque la realidad evoluciona y hoy la gente ya no entiende ni ve apariencia de independencia en que los partidos negocien puestos relacionados con la Justicia.

A los ataques despiadados al poder judicial, el socialpodemismo ha sumado un impresionante desprecio al poder legislativo, que esta semana ha alcanzado su culmen con algo inédito en democracia: una sesión de control al Gobierno sin el Gobierno, lo que constituye, además de una falta de respeto a los ciudadanos, un dislate legal, al aplazar preguntas en el último momento para que no diera tiempo a la oposición a reaccionar. No es el primer desaire al Parlamento, porque todos pudimos ver cómo el Gobierno evitó el control efectivo y real de las Cortes durante los seis meses de Estado de Alarma; cómo, desde que Sánchez es presidente del Gobierno, no se ha convocado ni un solo debate sobre el Estado de la Nación, o cómo, durante la crisis de la evacuación en Afganistán, él fue el único líder aliado que no acudió a informar en su Parlamento. Eso por no hablar del estreno de una Ministra de Justicia cuestionando una decisión judicial adoptada nada menos que por el Tribunal Constitucional.

Montesquieu establecía la necesidad de la separación de poderes sobre la base de que «todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo». Como decía Tácito «Para quienes ambicionan el poder, no existe una vía media entre la cumbre y el precipicio». Y no me cabe duda que el abuso del poder se coloca más cerca del precipicio, pero el problema es que también coloca a la Nación ante ese precipicio, y es algo que tenemos que evitar. Estamos ante un pretendido estadista que no duda en sentarse con Bildu y permitir que estos manifiesten su preocupación por los delitos de odio ¡Que desvergüenza!