Hacienda
Ilegalidad o inmoralidad
El pago de impuestos no puede someterse a un criterio ético que, por definición, es discutible. Cada cual tiene el suyo
En estos días, varios medios de comunicación internacionales publican interesantes informaciones sobre cómo gestionan su dinero personalidades de medio mundo, y sobre su habilidad para pagar menos impuestos. En algunos casos, se trata de presuntas infracciones fiscales e, incluso, de delitos. En otras ocasiones, los datos aportados muestran actividades cuya legalidad parece asegurada, y lo que se discute es la ética con la que personas jurídicas o físicas hacen sus aportaciones al fisco. Ocurre algo similar después de que la Agencia Tributaria haya publicado un informe en el que se asegura que un tercio de las multinacionales españolas paga en impuestos mucho menos de lo que se considera razonable.
Cuando se trata del incumplimiento de las leyes, no hay nada sobre lo que debatir: aplíquese la normativa y cúmplanse los castigos pertinentes, sean multas y/o penas de prisión. Pero, ¿qué se debe decir y hacer en aquellos casos en los que sí se han cumplido las leyes en materia de fiscalidad? Determinados movimientos de dinero poco habituales no son, en sí mismos, un delito, siempre que se declaren las cantidades como es obligado hacer. En esos casos, lo que se está aplicando es una especie de linchamiento sobre la actitud ética de quienes actúan de esa forma. De igual manera, si la Agencia Tributaria considera que las multinacionales españolas deben pagar más impuestos, ¿por qué no se adaptan las leyes para que eso sea así?
El pago de impuestos no puede someterse a un criterio ético que, por definición, es discutible. Cada cual tiene el suyo. De hecho, no conocerá el lector a muchas personas o empresas que paguen, por voluntad propia, más impuestos de los que le corresponden. Si con las leyes existentes, alguien tiene que pagar 100, no pagará 105, salvo por error. Si una empresa tiene en España una presión fiscal más alta que en Irlanda, tendrá la tentación de instalarse en Irlanda. Y si eso no gusta, Bruselas debería impedirlo, porque tanto España como Irlanda son países de la Unión.
Aplicar a este asunto criterios morales está fuera de lugar. Solo unas leyes claras pueden evitar las injusticias fiscales, que son muchas.
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