El secretismo de Laya

Es bastante sorprendente esgrimir la ley de secretos oficiales para no explicar algo tan sencillo como es saber quién autorizó la entrada con papeles falsos del polémico líder saharaui, Brahim Ghali. Esta actitud obstruccionista, que sería un escándalo en Estados Unidos, con graves consecuencias para la exministra, aquí se esgrime ante el juez con absoluto desparpajo. En otros países de nuestro entorno sería motivo de generalizada indignación, porque una democracia no se puede permitir zonas oscuras donde el gobierno actúe con absoluta impunidad. Laya se escudó en esa norma y en un acuerdo fantasma del consejo de ministros de octubre de 2010 que declara materia reservada la actividad diplomática. El término secretos oficiales siempre me ha resultado muy difuso así como un terreno abonado a la arbitrariedad gubernamental. Estoy convencido de que muy pocas cosas deberían ser amparadas por esta norma, que por regla general solo sirve para esconder irregularidades e ilegalidades que se quieren hurtar al control parlamentario y al conocimiento de la opinión pública. La decisión de no contar la verdad sobre Ghali, un escándalo que provocó una grave crisis con Marruecos, un país amigo y aliado preferente, es algo incomprensible.

Cuando un político se esconde es porque la verdad que tendría que contar provocaría consecuencias penales y reputacionales extraordinariamente graves. González Laya fue una de las peores ministras de Asuntos Exteriores que he conocido y su elección fue un error que Sánchez supo corregir con su cese y el nombramiento de un diplomático experimentado y con una sólida formación en su lugar. Es lógico que quiera llevarse bien con el Gobierno y se escude en un subterfugio para seguir con su carrera internacional, ya que lo tendría muy complicado si los suyos le dan la espalda. No sé si este obstruccionismo le resultará útil y el juez preferirá no complicarse la vida archivando este escándalo. La realidad es que el magistrado Lasala preguntó varias veces y se quedó sin saber quién adoptó la decisión de permitir la entrada en España de Ghali sin cumplir con el lógico control de pasaporte y documentación. Es evidente que el Gobierno hace lo que le da la gana y no le importa cumplir con las normas que afectan al resto de ciudadanos. Esta ley de Secretos Oficiales y su uso son incompatibles con una democracia.