¿Podemos estar tranquilos en estos momentos?

Nuestra situación, tanto a causa de una mala política económica propia, como por lo que sucede en la ajena, obliga a resolver, de inmediato, la cuestión del gasto público, base de un altísimo déficit presupuestario. La reacción generada ante ello por parte de la que se suele llamar política económica progresiva es plantear cargas impositivas nuevas. Ante ello, aparece implacable la curva de Laffer, que borra las posibilidades imaginadas de creer que no puede tener costes el incremento de la carga impositiva a partir de cierto nivel. Desde un determinado impacto impositivo, que si éste se incrementa, disminuye el PIB y cae la recaudación. Por ello, conviene observar comparativamente la situación de España en la clasificación del Índice de Competitividad Fiscal 2019, basado en datos de la OCDE, donde la situación perfecta es tener el índice 100, y no situarse muy por debajo. España tiene el índice 60,13., y en el conjunto de 36 países estudiado, nuestro país estaba ocupando el puesto 23 -el 1 es el del país con realidad tributaria más perfecta-. Por eso, a pesar de que no han aparecido, con gran magnitud, las situaciones de empeoramiento fiscal, con las políticas recientes anunciadas, la realidad española no se presta a escapar de las consecuencias de la curva de Laffer. Ignorar este problema no tiene sentido.

Y es necesario señalar que, con el citado déficit presupuestario altísimo, corremos el riesgo de enlazarnos, de inmediato, con otra curva, en este caso la llamada de Phillips, que muestra de qué manera la política de tolerancia en el gasto público y de intentos de solución con recargos impositivos, que parece plantearse en España para lograr situaciones políticas favorables con la ruptura de la flexibilidad laboral, es inviable. Recordemos que el poner en orden todo esto en la etapa de la Transición, con los Pactos de La Moncloa, y, más recientemente, con las medidas de Rajoy, se consideró que frenar las alzas salariales era algo muy perjudicial. Tal convicción señalaba ignorancia respecto a Phillips, y a lo que, sobre esto, dijo el Premio Nobel de Economía Akerlof, quien indicó que esta aportación de Phillips «era la más importante contemporánea en el campo de la macroeconomía». Y eso no tiene nada que ver con la reciente aportación de Card, sobre el SMI, porque hubiera señalado lo acertada que estuvo la política económica española en 1962, cuando Romeo Gorría puso en marcha, por primera vez, el SMI, que Card señaló como existente en New Jersey, cuestión del éxito en 1962 que yo ya había señalado en La Razón el pasado 26 de septiembre. Las amenazas actuales pueden generar, con el presupuesto, un mayor déficit presupuestario, cuestión que señaló ya, en 2010, el profesor Becker Zuazua, en el ensayo Mercado de trabajo y competitividad en la ley española, al exponer cómo la Ley de Okun nos muestra en el análisis del período 1981-2009 que en España la economía sólo comienza a crear empleo cuando crece, por lo menos, a la tasa del 2,5 %. El lograr este crecimiento fuerte, tras el golpe sufrido por la pandemia, ¿va a ser algo fácilmente posible con este panorama fiscal y laboral que asoma?

Porque, para superar esta cuestión, es necesario aumentar la productividad, que se desvanece, entre otras cosas, por multitud de medidas en la política económica, que disminuyen verticalmente la posibilidad de «hacer negocios». En una reciente publicación del Banco Mundial, clasifica éste a los países por la «Facilidad de hacer negocios»: el 1, la máxima facilidad, corresponde a Singapur; España pasaba a ocupar el puesto 44; el 43 corresponde a Perú y el 45 a Colombia. Ese es el resultado -como nos advirtió ya Adam Smith- de la ruptura de la unidad de mercado a causa, en España, de las políticas relacionadas con la concesión de situaciones claramente separatistas en ciertos puntos clave de nuestra economía, como sucede con el País Vasco, Navarra y Cataluña, más la amplitud que se insinúa, como futuro, en algunas otras comunidades autónomas. Además, nos encontramos con que los problemas del cambio climático y decisiones equivocadísimas sobre política energética crean una situación para España especialmente grave, tanto por su base natural como por la política exterior desarrollada últimamente, convirtiéndonos en una «isla energética».

Y el problema del déficit presupuestario también lo complica todo ante la necesidad de financiar las pensiones exigidas por la combinación de una excelente realidad médica y del derrumbamiento de la natalidad, situación que obliga a empeorar, hacia el futuro, el déficit del sector público, porque nos encontramos pretendiendo la adhesión política de una población claramente envejecida.

Lo sucedido ante el Covid 19 demuestra -como señalaba el gran economista Krugman-, que seríamos tontos si, además de dedicarnos a atacar estas bacterias, no buscásemos la liquidación de una amenaza fundamental y amplia del déficit presupuestario, lo que no se ve, en absoluto, en las noticias que se ofrecen para el proyecto de gastos e ingresos públicos para el 2022. ¿Podemos estar tranquilos, con estos panoramas, en estos momentos?