Asturias

Asturias, patria querida

Asturias, el Principado, ha sido siempre considerada como tierra genuinamente española, que ha hecho de su profunda españolidad su auténtico hecho diferencial en una España con excesivas tendencias a las taifas, cantones y políticos de campanario, disgregadores y disolventes. Asturias es un sólido contraste indisolublemente unida a la epopeya histórica nacida en el majestuoso entorno de incomparable belleza del Real Sitio de Covadonga. La Santina en la santa Cueva, Don Pelayo con la Cruz de la Victoria y el majestuoso Santuario, componen una síntesis de lo que es por derecho la Cuna de España.

Y así, pueden cantar con orgullo patrio que «Asturias es España; el resto, tierra conquistada». Ahora parece que la toxicidad del Procés ha llegado a sus verdes valles, y quieren imponer como hecho diferencial la oficialidad del bable, «la llingua». Se quiere reformar el Estatuto para implantar la llingua como lengua cooficial junto al castellano, lengua española oficial del Estado. Recuerdo que hace unos años se planteó hacer oficial el «chapurriau» en tierras aragonesas, y finalmente se impuso el sentido común, aunque no sin dificultades. En la Junta General del Principado ha triunfado esa iniciativa por un voto, lo que ya ha alertado –entre otros– a cualificados dirigentes políticos como Javier Fernández, expresidente del Principado y también de la Gestora del PSOE que sustituyó a Sánchez tras su cese. Ha afirmado que «la oficialidad del bable será muy buena para la llingua, y muy mala para los asturianos. No le da a los asturianos el derecho a hablar una lengua, sino que le da a la lengua el derecho a tener hablantes obligatorios». Otro expresidente socialista del Principado, Rodríguez Vigil, exige que si se quiere ir adelante con semejante iniciativa, se someta a un referéndum, ya que un solo y coyuntural voto no puede decidir una cuestión como esa.

Como vemos, los ejemplos cunden. Las reaccionarias políticas identitarias curiosamente asumidas por las izquierdas tienen en la lengua el hecho político diferencial anhelado y, por tanto, el presuntamente cultural e histórico deseado. Con la aprobación de la oficialidad viene la obligación, y luego la imposición. Millones de euros para educar y reeducar en la llingua a fin de acabar como en Cataluña, Baleares y Valencia, con inspectores en las escuelas vigilando la lengua en la que hablan los guajes en el recreo. Vivir para ver.

Esto solo puede pasar en una España con la mitad de sus hijos que parecen odiar a la Madre Patria precisamente en su idioma, que tiene mas de 550 millones de hispanohablantes en la lengua de Cervantes, Góngora, Lope y Quevedo.