Sánchez y sus colegas

Me parece que no era yo el único en pensar que los principales problemas de Sánchez en el Gobierno iban a venir de su relación con los independentistas catalanes y vascos, en particular con los de izquierdas. Quizás pensábamos demasiado en términos históricos y no teníamos en cuenta las oportunidades que Sánchez ha abierto a estos grupos. Las estrategias coinciden, en cualquier caso, y está claro que Sánchez ha apostado por la hegemonía de los herederos de ETA en el País Vasco, como lo ha hecho con ERC en Cataluña. El horizonte final se antoja suicida y resulta enigmático. Tampoco se entiende muy bien a medio plazo, porque el coste de estas alianzas en términos electorales es muy alto, como demuestra el sistemático descenso de los socialistas en las encuestas. Bien es verdad que el apoyo al socialismo no se derrumba, como se podría esperar. El PSOE conserva un caudal de adhesión importante que se puede atribuir a la confianza de una parte de la sociedad española en su supuesta naturaleza socialdemócrata, o bien -al revés- al inherente sectarismo de la izquierda española, muy en particular entre las elites. Bien es verdad que las dos explicaciones no se excluyen, y que el término socialdemócrata seguramente funciona aquí como un signo abstracto, sin contenido concreto más allá de la propaganda.

Los problemas que esto le acabará suscitando al PSOE están siendo menores, en la política diaria, que los que provoca la coalición gubernamental con Unidas Podemos y/o Izquierda Unida. Lo acabamos de comprobar con el caso del diputado condenado por el Tribunal Supremo. Es un símbolo de e la lucha callejera, «popular» y violenta, tan querida de los podemitas. Pero se ha convertido en un quebradero de cabeza para la Presidenta del Congreso, que podía haber acabado ante los tribunales -es decir ante el Tribunal Supremo, por su condición de aforada- por iniciativa de los colegas de su jefe, el Presidente Sánchez.

Las disparidades aparecen aún más intensamente en la cuestión de la contrarreforma laboral. Todos sabemos cuál es el caballo de batalla: la devolución a los sindicatos de clase, como se siguen llamando, del poder perdido en la negociación colectiva tras la reforma. Y todos sabemos cuál será el coste de la recuperación de esa influencia social por esos mismos sindicatos de clase. Al día siguiente de la entrada en vigor de la contrarreforma, se frenará la creación de empleo y se restaurará una de las piezas que hacen del mercado laboral español una auténtica extravagancia en los países occidentales.

Eso no le importa a Podemos, que concentra toda su energía en salvaguardar ese 10 por ciento (7,2 en Madrid) del electorado cuyas principales preocupaciones se mueven entre la vuelta al antiguo régimen (del que el poder sindical es una pieza clave) y la ideología comunista. Sí preocupa, en cambio, al resto del Gobierno, que sabe que la contrarreforma laboral va a tener un coste social gigantesco, e inmediato, y que va a sabotear cualquier efecto que pudiera tener en el empleo la lluvia de millones de la Unión Europea. También lo saben los socios europeos y las instituciones de la Unión, aunque nadie va a presionar demasiado a Sánchez. Bastantes problemas tiene todo el mundo para andar tratando de salvar a quien está empeñado en suicidarse.