Unión de Repúblicas de IU

Izquierda Unida nació como un movimiento político y social, a modo de versión del PCE adaptada al nuevo escenario político resultante del derrumbamiento del Muro de Berlín y la volatilización de la URSS, para disfrazarse ante el total descrédito del comunismo en Occidente en esos tiempos. En 1992 se constituyó en federación política y, para hacer lo propio allende los mares, en Iberoamérica de manera análoga nació el Foro de São Paulo –hoy Foro de Puebla en México– con el impulso y liderazgo de Lula da Silva y Fidel Castro. En España su líder indiscutible fue el malogrado Julio Anguita, víctima temprana de la pandemia, y ahora lo es el Ministro de Consumo Garzón.

Por su parte, el secretario de Estado de la Agenda 2030 es el secretario general del PCE. Es evidente que los cargos son cuotas debidas de la coalición social podemita gubernamental, que integra una pléyade de cargos de diversa jerarquía que son una anomalía chirriante en una UE cuyo Parlamento homologó en 2019 al comunismo con el nazismo, calificándolos como «ideologías totalitarias causantes del genocidio en Europa de millones de personas en el siglo XX». Lo hizo en una Resolución plenaria sobre la «Memoria histórica en Europa», en la que se insta a los estados miembros a adoptar todas las medidas coherentes con la citada Resolución. Parecería razonable que Sánchez, tan amigo de la memoria que deben tener sus compatriotas, hubiera dado ejemplo a nuestros socios europeos con un «cordón sanitario» para los comunistas, pero ha considerado mejor llevarlos al Gobierno porque La Moncloa bien lo merece.

Si los españoles no duermen tranquilos por eso, ya se acostumbrarán –pensará–. Ahora ellos promueven una consulta no vinculante acerca de la «forma de Estado»; o sea, entre la Monarquía y la República. A ellos les gusta tanto esta última, que fundaron no una, sino una Unión de Repúblicas, todas socialistas y soviéticas, además de muy populares todas ellas. Tras el gran éxito de las dos magníficas anteriores, ahora suspiran por una tercera en España, que se supone sería una síntesis de ambas; por tanto, una república confederal, plurinacional y multinivel. Para este caso, la Constitución prevé su reforma, que exige el procedimiento «agravado», requiriendo de los 3/5 del Congreso y del Senado, además de la disolución de las Cortes y su reválida por las nuevas Cámaras electas. Como conseguir esas exigencias no parece fácil para ellos, proponen una plataforma popular para un referéndum.

Todo no dejaría de ser una originalidad si no fuera porque quien lo propone es el socio cooperador necesario de Sánchez para seguir durmiendo plácidamente en La Moncloa.