Presupuestos contra el Estado de Derecho

La aprobación de los Presupuestos en primera lectura no ha revelado ningún mérito del Gobierno más allá de las enormes tragaderas de Pedro Sánchez y su extrema capacidad para la cesión, que da para la redacción de un nuevo manual de resistencia. Después de ver el precio pagado, queda totalmente claro que cada día de resistencia sanchista le supone un elevadísimo coste a nuestra nación. Un coste que abarca la desesperante inhibición gubernamental para exigir la ejecución de la sentencia del español que hemos conocido esta semana, respecto a la cual ya se ha revelado que Sánchez no va a obligar a la Generalitat a cumplir el mandato del Tribunal Supremo de que se imparta un mínimo del 25% de clases en castellano en Cataluña. Y ello pese a que la ley y las sentencias judiciales son de obligado cumplimiento y el Gobierno tiene el deber de hacerlo y de exigir que se haga, porque de lo contrario estará cometiendo un acto grave de prevaricación omisiva, dando pábulo a la labor persistente y obsesiva de erradicación del español por parte del nacionalismo independentista en Cataluña, que, sin embargo, a pesar de su empeño desde 1983, no ha conseguido derrotar a la lengua que hablan 500 millones de personas en nuestro planeta. Una elusión escandalosa y vergonzosa por parte de quien, además de la Ley, tiene la responsabilidad de defender la lengua común, porque lo contrario no solo es impensable, sino que es algo que no se permite ninguna nación que se respete a sí misma. Una recurrente forma de actuar en relación a las leyes que hace que no resulte extraño que el Gobierno tenga entre sus grandes prioridades legislativas la puesta en marcha de una auténtica contrarreforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que solo beneficia a sus socios radicales y que deja completamente desprotegidos a los agentes de la Policía y la Guardia Civil, dos de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos, que son precisamente quienes nos protegen ante los peores comportamientos delictivos e incívicos, y lo que es más grave, contribuye a que la seguridad, sostén de la libertad, quede extremadamente debilitada. Juntando todos los cabos sueltos de estas acciones y omisiones de la coalición apoyada por la mayoría que Rubalcaba bautizó como «Frankenstein», podemos establecer un razonamiento que es sumamente preocupante, porque el incumplimiento o la no ejecución de las resoluciones judiciales, unido a una operación calculada para desproteger a las fuerzas de seguridad y sumado a los reiterados ataques lanzados contra el poder judicial, pondrían al descubierto una perversa lógica, que no es otra que la de conceder, como la madre de todas las cesiones, el máximo regalo al que aspiraban los enemigos de España, que siempre ha consistido, nada más y nada menos, que en la ley misma, entregada atada de pies y manos. Una operación redonda en la que el coste de aprobar presupuestos contra el Estado es avanzar hacia la formación de un Estado contra el derecho, es decir, el sueño del populismo radical, el independentismo catalán y el movimiento abertzale, todo en uno. Es el precio del poder, el pago de Pedro Sánchez en la cabina de peajes a sus socios. Algo que va más allá de la dignidad de la nación, una democracia basada en las normas que sostienen la convivencia, porque, como dijo John Adams, las naciones libres se fundamentan en las leyes, no en hombres que se sitúen por encima de ellas. Cuando desde un gobierno se percibe la ley y la seguridad ciudadana como obstáculos, algo muy grave está ocurriendo.