Una necesaria política de Estado

En España decrece la población según el INE. Así, el pasado año 2020 fallecieron cerca de medio millón de personas, un 18% más que en 2019, que debe ser el saldo neto de mortalidad debido a la pandemia. Además de ello, la natalidad prosiguió su senda descendente con 150.000 niños menos nacidos que personas fallecidas, con un índice de natalidad que nos coloca en la cola de la UE y del mundo, y por debajo de la tasa de la mera reposición vegetativa.

Ante una realidad tan dramática como la señalada, la única respuesta eficaz es una auténtica política «de Estado» que fomente la natalidad, lo cual pasa necesariamente por facilitar ayudas a la mujer que favorezcan su maternidad y posibiliten la conciliación familiar y laboral. Ante la evidente realidad de que la procreación se realiza sobre todo en el marco de la unión entre un hombre y una mujer, la política de ayudas a la familia debe ser un complemento indispensable de la anterior.

Otro preocupante dato aportado por el INE es que los matrimonios han descendido a cifras de 1976, con lo que el círculo negro del problema demográfico queda definido y sellado. ¿Y qué estamos haciendo para afrontar esta situación que, entre otras muy graves consecuencias, hace insostenible nuestro sistema público de pensiones? La respuesta es clara: todo lo contrario de lo anterior. Por un lado, una política de promoción del aborto que ha pasado «per saltum» de ser una conducta tipificada en el Código Penal a ser considerada un derecho, garantizando su ejercicio y cuestionando incluso la objeción de conciencia del personal sanitario. De agilizar las interminables solicitudes de adopción ni hablamos. Y por otro, una regulación que promueve el divorcio exprés de la pareja heterosexual y que fomenta la unión entre personas del mismo género y sexo, que no ayuda a la procreación por obvias razones.

Ante la inapelable consecuencia de no disponer de la mano de obra necesaria, la política es la de recurrir a la inmigración, lo que conlleva una sociedad multicultural con su identidad histórica y nacional diluida y tendiendo a la desaparición. Este es el modelo imperante en gran parte de la UE, que se pretende resolver con una selectiva política migratoria, con los resultados ya conocidos. El Mediterráneo no puede ser un muro de contención ni un cementerio, pero la solución no es tener puertas abiertas para quien lo desee. Las naciones también tienen derecho a preservar su identidad, lo diga quien lo diga. La solución pasa por la cooperación con los países de origen y de tránsito.

Con máxima esperanza de vida y mínima natalidad, somos una sociedad envejecida y decadente.