Cristales rotos en Canet

No sólo es separatismo respecto a España, también lo es de la idea misma de democracia y de cualquier atisbo de la de tolerancia. Para quienes todavía lo dudaban, el independentismo supremacista que inspira a algunos partidos políticos catalanes ha demostrado el verdadero rostro del fascismo, persiguiendo a un niño de cinco años y a su familia por reivindicar en un colegio de Canet su derecho a recibir el 25 por ciento de su formación en español, en virtud de una sentencia que el Gobierno de España no ha movido ni un dedo para ejecutar. Una actitud vergonzosa, propia de una dictadura excluyente, que muestra el peor rostro del odio, sentado en bancadas parlamentarias y en un Gobierno autonómico, promoviendo el acoso, el castigo y el aislamiento social de una familia de forma indigna y cobarde. Es la política del señalamiento y el hostigamiento de estos nuevos años de plomo, ahora en Cataluña, en los que una sutil forma de violencia, basada en una presión social originada desde las instituciones controladas por el independentismo, está generando el silenciamiento de cualquier disenso. Que una familia que sólo quiere ejercer un derecho tenga que recurrir al Tribunal Superior de Justicia reclamando protección física frente a quienes les amenazan pone de manifiesto la gravedad de la situación. La actuación de la Generalitat, y particularmente la de su consejero de Educación, que es un cualificado miembro de ERC, ese partido con el que Sánchez está pactando todo, ha resultado dramática, especialmente cuando se llegó a afirmar que no estábamos ante un problema real. Eso por no hablar del Gobierno de la Nación, tan proclive a indultar los errores del independentismo, como fórmula de convalidación para cuadrar las votaciones del Congreso de los Diputados, limitándose a hacer una llamada telefónica prácticamente de cortesía. Lo mismo que el PSC de Salvador Illa, aquel ministro tan contundente contra el Gobierno de Ayuso, en medio de una pandemia mundial, y tan complaciente con el de Aragonés, en medio de un ataque frontal a los derechos humanos en Cataluña. Estamos ante un asunto de la mayor trascendencia, que desnuda problemas tremendos, como la absoluta pasividad del Gobierno central ante la política de eliminación del castellano que practica la Generalitat; la desobediencia contumaz y continuada de las sentencias judiciales por parte del Govern; y la creación desde las instituciones de un ambiente opresivo de instigación de delitos y actos de odio sumamente dañinos. Un odio con origen en el peor nacionalismo y en el mayor separatismo, pero convalidado por la izquierda, empezando por el propio socialismo gobernante, empeñada siempre en distinguir entre los odios, o entre los lugares donde se producen los odios, como si algún tipo de odio fuera bueno, como si alguna cantidad de odio fuese aceptable. En Cataluña no se cumple la Constitución de pe a pa, porque el Gobierno de Sánchez ni garantiza que se imparta un 25 por ciento de las enseñanzas en castellano ni hace que se ejecuten las sentencias judiciales ni ampara a una familia atacada ni actúa contra la Generalitat y los violentos que señalan de manera vil a un niño. Cumplir la Carta Magna exigiría, de entrada, remitir un requerimiento a la Generalitat e iniciar en el Senado los trámites para aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución a la situación lingüística en Cataluña. Pero pierdan toda esperanza, porque Pedro Sánchez, que le tiene más apego al poder que al cumplimiento de la Ley, no hará nada al respecto. Estamos ante el peor rostro del fundamentalismo político, algo que nos hace recordar de forma inquietante épocas penosas en España y en Europa.