Juicios paralelos

Los llamados juicios paralelos han sufrido esta semana dos reveses graves en relación con dos personalidades relevantes: un gran Rey de España, con una extraordinaria hoja de servicio a nuestra nación, y una buena alcaldesa a la que los valencianos nunca olvidarán. Y es que la justicia paralela, conocida también como pena de telediario, es un fenómeno preocupante para el mundo jurídico, pero lo es sobre todo para el conjunto de la sociedad. En nuestro país está muy presente, como en otras naciones, pero aquí lo hace con un sesgo ideológico muy concreto que perturba y enturbia la vida pública. Se trata, por su propia naturaleza, de una justicia irracional, espontánea y popular, que recuerda a las antorchas de la inquisición y a la oscura tradición de la España negra de Torquemada. Una justicia que no entiende ni de presunciones de inocencia ni de elementos probatorios ni de momentos procesales, que utiliza los intereses más espurios de sus impulsores y los prejuicios sembrados en el imaginario colectivo, y que siempre termina en la hoguera reputacional y el hundimiento de carreras personales y políticas, cuando no en el de toda una vida. Hablamos de un sistema de justicia, es un decir, en el que las filias y fobias de la izquierda han llegado a provocar la condena popular del rey Juan Carlos, el emérito impulsor de la libertad, convivencia y concordia, esos conceptos que tanto molestan a los enemigos de nuestra España constitucional, democrática y plural, que quieren sustituir por la del revanchismo monocolor. Sin embargo, la Fiscalía suiza ha cerrado la causa judicial, dejando totalmente clara tanto lo que es una insidia como la diferencia entre una donación legal y una comisión ilegal. Simultáneamente, en España, la Audiencia de Valencia acordaba sobreseer la causa abierta por blanqueo contra 13 exconcejales y asesores de la etapa de Rita Barberá en el Ayuntamiento de esa ciudad, ante la «notoria ausencia de indicios que justifiquen debidamente la perpetración de los elementos objetivos del delito». Se proclamaba así la inocencia de una alcaldesa estigmatizada por una acusación infundada, que sepultaba sus grandes logros políticos y de gestión, que destrozaba, no solo su carrera política, sino la propia vida de Rita Barberá, ya que no sabemos hasta qué punto pudo afectar esta injusta circunstancia a la salud de una persona que dedicó toda su vida al servicio público y que murió de forma trágica, por inesperada y prematura. Dos clarísimos casos de pena de telediario y de omisión de algo tan elemental como la presunción de inocencia, que es la punta del iceberg de cómo se están destruyendo reputaciones y carreras políticas de personas que luego resultan inocentes en no pocas ocasiones, con un sistema mediático-político que califica y descalifica sin pruebas, sin derecho de audiencia ni de defensa, sólo en base a la rivalidad política conjugada con la mayor mezquindad y falta de humanidad concebibles, generando, además, daños muy difíciles de reparar, cuando no totalmente irreparables. Todos aquellos que se lanzaron contra el rey emérito para dañar a la Monarquía deberían, como mínimo, pedir disculpas. También en el caso de Barberá, donde se ha banalizado la gravedad de la verdadera corrupción y se han utilizado de forma insensata la Justicia y las instituciones. Junto al perdón, sería bueno, además, que cambiasen ya de tema. Pero eso ya es mucho pedir, porque, como dijo Churchill, «un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema». Pero es que la doble vara de medir dependiendo de la persona, sus creencias o su ideología, sigue siendo asfixiante para unos y placentera para otros.