Macron y los no vacunados

Hay ciertas líneas rojas, incluso retóricas, que ningún política debería cruzar. Tampoco contra los no vacunados.

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Si vacunarse reduce el riesgo de contagiarse (una cuestión que siempre debe dilucidar la evidencia científica disponible), entonces no vacunarse convertiría a esa persona en un mayor riesgo sobre terceros: un mayor riesgo que esas terceras personas no tendrían por qué soportar (como un conductor no tiene por qué soportar el mayor riesgo que supone que otro ciudadano conduzca borracho) y por lo cual podrían exigir algún tipo de indemnidad o indemnización. Es lo que los economistas denominamos «internalizar una externalidad negativa», esto es, que aquél que genere un daño sobre terceros compense a esos terceros (alternativamente, por cierto, también cabría que esas terceras personas indujeran, mediante alguna recompensa, a que la primera persona se vacunara: eso sería internalizar una externalidad positiva). Ahora bien, externalidades negativas y positivas las hay de muchas clases dentro de nuestras sociedades (desde ser una persona educada que transmita buenos modales al resto de las personas a emitir polución dañando a otros): algunas de ellas ni siquiera intentamos seriamente internalizarlas y otras tratamos de internalizarlas con prudencia (es decir, sin generar más daños que aquéllos que se quieren evitar). Por eso, aún considerando que la no vacunación sea una externalidad negativa, la escalada autoritaria que estamos viviendo en algunos países del mundo deberían llevarnos a reflexionar sobre hasta qué punto se está sacando este asunto completamente de quicio. Quizá, la expresión más clara de este desquicie haya venido de las recientes declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron. En una reciente entrevista para Le Parisien, Macron dirigió unas palabras contra los no vacunados que, a estas alturas, todo el mundo habrá leído directa o indirectamente: «Los peores enemigos de una democracia son las mentiras y la estupidez. Vamos a presionar mucho más a los no vacunados por la vía de limitarles, tanto como resulte posible, su acceso a actividades sociales (...) ¿Cómo podemos reducir la cifra de esa minoría de personas que no quieren vacunarse? La vamos a reducir, discúlpeseme la expresión, jodiéndoles todavía más». Hasta aquí, el extracto más conocido probablemente por el verbo malsonante que emplea Macron. Sin embargo, a mi juicio lo más grave viene después: «No vamos a encarcelar a los no vacunados o a obligarles a vacunarse. Les diremos: a partir del 15 de enero no podréis ir a un restaurante, a una cafetería, a un teatro o a un cine (…) Cuando amenazo las libertades de terceros, me convierto en un irresponsable. Y alguien irresponsable no es un ciudadano». La idea de que no tenemos derecho a amenazar o a atacar las libertades de terceros es correcta, como ya he intentado exponer al comienzo de este artículo: nuestra primera y principal obligación social es no causar daño sobre terceros, esto es, no interferir coactivamente sobre sus vidas. Lo que no es correcto es afirmar que quienes dañan la libertad de terceros dejan de ser ciudadanos. La ciudadanía es una condición jurídica reforzada frente al Estado: aquélla que nos permite participar políticamente en la conformación de las normas que éste impulsa. Privar de la ciudadanía a quien la posee de origen es una agresión frontal al concepto mismo de estado de derecho: hasta el punto de que ni siquiera suele plantearse como sanción para los más altos delitos (los condenados por terrorismo en España, por ejemplo, no pierden su condición de ciudadanos). Quizá Macron quiso decir que quienes no se vacunan no son «buenos» ciudadanos; pero no es lo que dijo y convendría que o lo aclarara o rectificara o, en su caso, dimitiera. Hay ciertas líneas rojas, incluso retóricas, que ningún política debería cruzar. Tampoco contra los no vacunados.