Justicia feminista

La ministra de Igualdad ha intervenido en un foro del Colegio de Abogados de Madrid, donde ha expresado sus ideas sobre la Justicia. Criticó al Consejo General del Poder Judicial por «oponerse a todas las leyes que han supuesto avances significativos para las mujeres», acusó a la Justicia de ser «patriarcal» y reivindicó un «sistema judicial feminista».

Lo del feminismo en boca de determinados políticos está llegando a ser obsesivo. Con determinado concepto de feminismo, el más radical, el más exaltado y el que más mujeres critican, se conseguirá que todo lleve su nombre: gobierno feminista, partido feminista, política feminista, economía feminista, enseñanza feminista, y ahora, según parece, le toca al sistema judicial. El concepto de «sistema judicial feminista» es desconocido en nuestro ordenamiento jurídico, pero si se usa como equivalente a «justicia feminista», resulta ser un término tan equivoco como incorrecto.

No le falta razón al decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, quien opinó que no se necesitan justicias machistas ni feministas, sino una «justicia independiente». En mi opinión, ha dado en el clavo. La independencia de la Justicia es condición necesaria aunque no suficiente para ser verdadera Justicia, de manera que una Justicia que no sea independiente es imposible que sea verdadera Justicia.

Obviamente, además de independencia, la Justicia debe responder a otras condiciones, como profesionalidad, responsabilidad, rapidez y otras más, pero esas cuestiones se escapan del objetivo de estas líneas. En el mismo sentido, no cabe negar las graves deficiencias de nuestra administración de Justicia, pero ni estas son debidas a su necesaria y deseable independencia, ni tampoco se pretende analizar aquí y ahora.

En la España democrática, el único apellido valido para la Justicia es la de «constitucional», es decir, la derivada de la Constitución y, por lo tanto, independiente. No cabe otra. En la Constitución, la Justicia es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y se administra por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, «independientes», inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Quien quiera apartarse de estos principios se aparta de la Constitución y de la democracia. Nuestra Justicia o es constitucional, y por lo tanto independiente, o no es Justicia.

Quizás la ministra de Igualdad, que no es jurista, desconozca la letra y el verdadero espíritu de la Constitución. Su departamento debería centrarse en el más amplio cumplimiento del artículo 14 de nuestra Carta Magna, que consagra el principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Este principio ha dado lugar a ríos de tinta, y está consolidado tras más de 40 años de vigencia constitucional, en la inmensa mayoría de las ocasiones sin la más mínima intervención del feminismo radical y obsesivo.

Frente a la claridad del texto constitucional, consagrado en la jurisprudencia de nuestros tribunales y en la práctica forense, no se puede oponer un feminismo fanático de moda. El feminismo, como ideología y corriente de pensamiento legítima, pero no obligatoria, tendente a conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, no deja de ser una mera herramienta, como cualquier otra, para conseguir el objetivo de igualdad constitucional. No debe confundirse medio con fin, y el fin no es el feminismo, sino el cumplimiento de los mandatos constitucionales, entre ellos, el principio igualdad. En consecuencia, se puede ser irreprochablemente constitucionalista y demócrata sin participar de ese feminismo tan abrasivo que corroe parte de nuestra política. La «justicia feminista» sería una justicia ideologizada y, por ello, posiblemente inconstitucional y antidemocrática. Otra cuestión es que nuestros tribunales deban tener la necesaria sensibilidad con los derechos de la mujer y con la intolerable e inadmisible violencia contra ellas ejercida, pero eso va de suyo, y debe estar incluido en el normal funcionamiento de nuestra administración de justicia.

No pueden ser más acertadas las palabras del Decano de Madrid, en las que reivindica la necesidad de una auténtica justicia independiente, necesidad mas imperiosa aún ante intervenciones tan desafortunadas como la de la ministra de Igualdad, que, olvidando que es ministra de un gobierno de todos los españoles, parece que es la ministra solo de los feministas, o peor aún, que considere obligatorio su concepto de feminismo, olvidándose del derecho fundamental a la libertad ideológica, que, según nuestro Tribunal Constitucional, ni siquiera exige un constitucionalismo militante, y mucho menos, un feminismo incisivo y compulsivo.

Alguien debería recordarle a la ministra que en España no es obligatorio ser feminista, que un sistema judicial feminista o una justicia feminista podrían ser inconstitucionales, y que intervenciones como la suya alejan a multitud de mujeres sensatas del objetivo que ella misma dice defender.