La armonización foral y la otra

Resulta que el Libro Blanco de la reforma tributaria excluye de sus páginas a la única parte de nuestro sistema fiscal que está sometida a armonización. Me refiero a los impuestos que gestionan vascos y navarros debido a que las respectivas leyes del Concierto y el Acuerdo económicos les obligan a sujetarse a unos principios muy precisos de armonización con la fiscalidad del Estado. Por cierto que ninguno de éstos alude a las tarifas tributarias ni a las exenciones y bonificaciones, pues ello es terreno propio del ejercicio de la autonomía fiscal.

Pero hete aquí que uno de los temas estrella del aludido Libro no es otro que el de la armonización fiscal aplicada a las regiones de régimen común, centrada en este caso en los impuestos sobre el Patrimonio y las Sucesiones y Donaciones. Esa armonización se concibe como una homogeneización de la gestión de ambos impuestos por las Comunidades Autónomas anulando o rebajando sus competencias sobre las correspondientes tarifas, exenciones y bonificaciones con la excusa, no avalada empíricamente, de que el sistema actual ha producido grandes deslocalizaciones –añado que en favor de Madrid pero curiosamente no del País Vasco y Navarra–. O sea, dicho a la pata la llana, ahora armonizar consiste en suprimir la autonomía.

Por consiguiente estamos ante dos maneras de concebir el asunto de la armonización: una –la establecida en las leyes– respetuosa con la autonomía fiscal –y de paso con la Constitución–, y la otra –inventada por los intelectuales orgánicos de la izquierda– contraria a ésta. Siempre me ha llamado la atención cómo, tras una lectura farragosa de Marx –si es que la han hecho–, los izquierdistas del momento han entendido la dialéctica como la igualdad de una cosa y su contraria. Es lo que les permite cambiar de caballo en cualquier circunstancia sin esperar que sus contradicciones dejen atónitos a los espectadores. Éstos, seguramente confundidos por tales virguerías intelectuales, prefieren conformarse con lo que hay. «Ellos sabrán», se dicen, «que para eso les hemos votado». En fin, tendrá que venir el Tribunal Constitucional para arreglar este desaguisado si es que llega a plasmarse en el Boletín Oficial del Estado. Lo malo es que llegará tarde. Como siempre.