El futuro de la energía nuclear en España

Si la COVID-19 puso de manifiesto los problemas de no disponer de una capacidad de producción autóctona de productos farmacéuticos y sanitarios, la invasión de Ucrania ha revelado el grave error europeo de depender de las importaciones de petróleo y gas natural ruso.

El sector energético presenta en cualquier país del mundo un elevado intervencionismo estatal, que en cierta medida se explica por el carácter de «monopolio natural» y, por tanto, la imposibilidad de que exista una competencia efectiva en los negocios de distribución de electricidad y gas. Así los gobiernos deben decidir las líneas maestras de la política energética, tratando de conciliar sus tres objetivos principales: minimizar el impacto medioambiental, conseguir precios competitivos, y seguridad de aprovisionamientos.

En los últimos años, España y buena parte de los países de la Unión Europea han aplicado una estrategia muy centrada en el primero de los objetivos, lo que provocó un importante aumento de precios, erosionando la competitividad de la industria europea y penalizando a los consumidores domésticos. Pero el nuevo contexto geoestratégico tras la guerra de Putin en Ucrania prioriza el olvidado objetivo de seguridad de aprovisionamientos, y la dependencia española del gas natural argelino se ha convertido en una vulnerabilidad inadmisible.

Algunos estudios apuntan a que el importante descenso de los costes de la energía solar y eólica de los últimos diez años no es la consecuencia de una «curva de aprendizaje» como se suele alegar, sino que se explica principalmente por las distorsiones en los mercados generadas por el extraordinario descenso de tipos de interés y los bajos precios de la energía, y predicen un aumento del 300% en los costes de producción la energía solar y del 33% en el caso de la eólica en los próximos años (Goehring y Rozencwajg 2022).

Por otra parte, la actual dependencia española del gas natural procedente de Argelia pone en serio peligro el objetivo de seguridad de aprovisionamientos de cara al futuro. Este país ya ha comenzado a utilizar esta energía como arma política, prohibiendo la exportación a través del gasoducto que transcurre por territorio marroquí, y habrá que ver ahora su reacción ante el reciente giro total en la posición española respecto al Sáhara Occidental.

En este marco, posiblemente sólo la energía nuclear esté en condiciones de dar respuesta al trilema energético, ya que su coste es competitivo, en torno a los 45€ MWh –incluyendo tasas de gestión de residuos–, carece de emisiones de CO2, y por su escaso consumo de combustible nuclear nos da la posibilidad de almacenar un stock de seguridad para varios años.

La taxonomía de la UE –aprobada por el Parlamento Europeo en julio de 2020– es una herramienta robusta y basada en criterios científicos que determina si una actividad económica concreta es medioambientalmente sostenible. En su elaboración han participado el Joint Research Center –organismo asesor de la Comisión para ciencia y conocimiento–, expertos en protección radiológica y combustible gastado del Comité Científico y Técnico de Euratom, y expertos del Comité Científico de Salud, Medioambiente y Riesgos Emergentes.

En ella, la Comisión Europea considera que, a pesar del desarrollo de las energías renovables, a día de hoy «no existen fuentes de generación de electricidad no emisoras de CO2 que sean tecnológica y económicamente viables a escala suficiente para cubrir la demanda de electricidad de forma continua y fiable». Por otro lado, considera que «el ciclo completo de vida de la energía nuclear tiene emisiones de CO2 próximas a cero» y que existen «numerosas y claras evidencias del potencial de la generación nuclear para contribuir sustancialmente a los objetivos de lucha contra el cambio climático».

Ante la grave situación energética actual y el incierto futuro, es urgente iniciar un debate riguroso, desideologizado y racional en torno a la oportunidad de relanzar la energía nuclear en España. Será preciso neutralizar la influencia que sin duda tratarán de ejercer empresas y organizaciones con importantes intereses en el sector energético, y deberán tenerse en cuenta todos los costes comparativos de cada opción del mix eléctrico, añadiendo de forma realista los costes asociados a su impacto –derechos de emisión de CO2, coste de gestión de residuos, cánones de agua– y restando del cálculo las subvenciones y primas.

Nuestro riesgo es que eso va a resultar difícil en un país que ya ha dado en el pasado virajes radicales y costosos, consecuencia de nuestra escasa capacidad de consenso. Basta con recordar el lamentable y ruinoso destino de los cuatro reactores de Lemóniz y Valdecaballeros.

Gonzalo Sanz-Magallón. Centro de Economía Política y Regulación-Facultad Ciencias Económicas. Universidad CEU San Pablo