Economía y Estado

Sánchez, aunque esté legitimado, no está capacitado para presidir este país

Enrique López

La autoridad monetaria ha sentenciado que la culpa de la situación económica es del Gobierno de Sánchez. Con una clarividente declaración en la que ha señalado que es el «que peor lo ha hecho», ha desmontado las coartadas del Gobierno, basadas en las famosas palabras que empiezan por P (Pandemia y Putin), poniendo el foco en el verdadero elemento diferencial que explica este desastre (Pedro).

Que el Banco de España diga que nuestra nación camina por «una coyuntura extremadamente incierta» y que un comisario europeo le pida al Gobierno que huya del gasto que se vuelve permanente significa que lo que necesitan ahora mismo los españoles es, de nuevo, una administración centrada en lo importante, que adopte políticas útiles y tome medidas reformistas, para que les saque de esta crisis. Y que se repita lo que ocurrió en 1996 y en 2011, cuando los gobiernos del PP lograron algo que con el PSOE parecía imposible: conseguir que España cumpliese con todas las condiciones que le permitieran, la primera vez, formar parte del euro y, en la segunda ocasión, evitar el rescate de nuestra economía y la quiebra del Estado del Bienestar.

Cuando el PP gobierne por tercera vez, cuando la fiesta termine y las luces se apaguen, le volverá a tocar ser el partido que arregle los desperfectos de una izquierda que siempre gestiona la economía bajo criterios de ineficiencia e ineficacia. La diferencia será que los desperfectos en la chapa de la economía no serán los más graves, habida cuenta del daño que se le está haciendo al corazón del Estado, en aspectos relevantes que conciernen al entramado institucional de la nación, como la división de poderes, la corona, los servicios de inteligencia, e incluso aquellos que defienden nuestra libertad desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En una nueva muestra de mimetismo con sus socios independentistas, ya no sabemos si como lapsus o como concesión, Pedro Sánchez utilizó esta semana la desafortunada expresión que acuñaron los enemigos del Estado en torno a aquel infausto 1 de octubre, y tuvo la insólita ocurrencia de llamar «piolines» a nuestros policías nacionales y guardias civiles, en una inaudita falta de respeto a quienes defendieron la Constitución, la legalidad y el Estado de derecho de nuestro país en el peor escenario y bajo las peores circunstancias. Interiorizar el lenguaje de los independentistas para insultar a quienes fueron enviados a luchar contra una intentona golpista y a impedir un referéndum ilegal es una muestra más de que Sánchez, aunque esté legitimado, ya no está capacitado para presidir este país.

Eso por no hablar de las pegas que le han puesto desde Moncloa al Rey emérito para que pueda venir a España unos días, junto al continuo hostigamiento a su persona, sobre la que no hay ningún requerimiento de la justicia. Algo tremendo, incluso si solo lo analizamos bajo la perspectiva de que el Gobierno no tiene nada que decir sobre si un español puede venir o no a su país.

Salvar la economía y al Estado exigirá, como revolucionaria primera medida de regeneración de nuestra democracia, que en España exista de nuevo un Gobierno preocupado por solucionar los problemas, en vez de ocuparse solo en crear problemas para seguir gobernando. Una diferencia política, sí, pero sobre todo una diferencia ética, porque muchos españoles empiezan a estar hartos de que enarbolen la bandera de la corrupción los que están consintiendo que se nos robe hasta la dignidad de la nación.