La sanidad privada, como bien social

Un país como España, que a finales de 2021 tenía a 700.000 ciudadanos en las listas de espera quirúrgicas, debería aprovechar las ventajas de contar con una red hospitalaria y asistencial privada, de un nivel excelente, para afrontar la saturación del Servicio Nacional de Salud, que amenaza con convertirse en un problema crónico, dado el acelerado proceso de envejecimiento de la población española. De hecho, la sanidad privada ya descarga a la pública del 40 por ciento de las intervenciones quirúrgicas que se realizan anualmente, con un 10 por ciento de las mismas a través de convenios con las consejerías autonómicas, lo que se traduce en un ahorro para las arcas del Estado de 5.680 millones de euros anuales. Y, sin embargo, la demonización de la sanidad privada es una constante en la izquierda radical, sólo comprensible desde la cerrazón ideológica de quienes sacralizan lo público, obviando que las sociedades modernas se articulan desde la libertad, en el más amplio sentido del término, con los poderes públicos actuando como garantes de los derechos de los ciudadanos. Dicho de otro modo, la sanidad privada no es sólo un bien social, sino que contribuye decisivamente en el sostenimiento de un sistema sanitario universal con una demanda cada vez más tensionada. Por no hablar de su actuación en situaciones de emergencia asistencial, como ocurrió durante la pandemia, cuando la red de hospitales privados llegó a atender al 14 por ciento de los pacientes con Covid-19 que precisaron de cuidados intensivos. Valgan estas consideraciones previas para mostrar nuestra extrañeza ante la carga demagógica contra la sanidad privada con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la aprobación en el Consejo de Ministros de la llamada «Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud», cuando, en realidad, el texto legal resultante apenas modifica el modelo de cooperación sanitario público-privado hoy vigente. Ni siquiera se justifica ese exceso verbal por el hecho de producirse en el escenario de un mitin de partido. Lo prueba el enfado de sus socios de extrema izquierda en el Ejecutivo, que exigen una norma que haga imposible cualquier acuerdo de gestión, copago o prestación de servicios entre los hospitales y centros sociosanitarios públicos y las sociedades médicas de titularidad privada. No es que la ley surgida del Gabinete nos parezca excelente, pero, al menos, se limita a establecer algunas cautelas perfectamente aceptables para garantizar la calidad de los servicios externalizados o de los acuerdos de gestión. Por otra parte, creemos que la realidad de los hechos se impondrá frente a los prejuicios sectarios de la izquierda. Porque sólo desde la colaboración entre los dos sistemas se podrá sostener un Servicio Nacional de Salud de calidad y universal, por supuesto.