Mónica Oltra ha hecho lo que debía

La renuncia a todos sus cargos públicos por parte de la líder de Compromís, Mónica Oltra, venía obligada no sólo por el hecho de su imputación, que no vulnera en modo alguno la presunción de inocencia, sino por el respeto a una mínima coherencia de quien se consolidó en política como azote judicial de los adversarios políticos. La hasta ahora vicepresidenta de la Generalitat valenciana tendrá a partir de ahora las manos libres para diseñar su estrategia de defensa, sin la presión de la opinión pública, atónita ante la celebración de una fiesta de apoyo más propia de los hinchas de un equipo de fútbol, y de unos socios de gobierno que ya no podían disimular su incomodidad.

En este sentido, el presidente valenciano, Ximo Puig, debería reconocerle a Oltra el alcance de un gesto político y personal que le ahorra el mal trago de tener que actuar por sí mismo. Dicho esto, no podemos estar más en desacuerdo con la reacción extemporánea de la dirigente dimitida, por más que entendamos el terrible momento anímico por el que, sin duda, atraviesa la señora Oltra, porque no es de recibo tal ejercicio de victimismo, que pone en cuestión la probidad del tribunal encargado de la instrucción de un caso muy delicado por cuanto implica a los derechos de una mujer, víctima probada de abusos sexuales cometidos por un educador cuando era menor de edad y estaba bajo la tutela y protección de la Generalitat valenciana.

No es la primera vez que desde las formaciones de la izquierda radical y nacionalista –las mismas que exigían el mayor rigor cuando los presuntos implicados en un delito pertenecían al Partido Popular valenciano, desatando, incluso, auténticas campañas persecutorias sin la menor consideración por la presunción de inocencia de los imputados, la mayoría de los cuales, dicho sea de paso, resultaron absueltos de las acusaciones–, se acusa a los jueces actuantes de estar al servicio de oscuras maniobras políticas cuando algunos de sus miembros resulta objeto de una investigación judicial. Se trata de una práctica muy preocupante, y rechazable, por cuanto pone en duda la confianza en la Justicia entre ciertos sectores de la población, además, de que puede interpretarse, cuando las insidias proceden de personas con responsabilidad institucional, como una tácticas de presión sobre los magistrados.

Podríamos extendernos en ejemplificar con los últimos casos que implican a Unidas Podemos, pero no es necesario. La cuestión, hay que insistir en ello, es que Mónica Oltra está bajo una investigación judicial instruida bajo todas las garantías de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que debe concluir elevando los indicios existentes a prueba o desestimándolos. Es legítimo debatir sobre si la mera imputación debe exigir, en el caso de los representantes públicos, la dimisión del cargo, pero fue, precisamente, Oltra, la que puso el listón tan alto.