El Gobierno y el asalto al TC

El Gobierno tiene prisa por controlar el Tribunal Constitucional. La reacción lógica sería que todo el mundo se escandalizara. En cambio, la fiel izquierda mediática aduce que hay una aritmética parlamentaria surgida de las urnas y que se tiene que reflejar en su composición. Es lo mismo que quieren hacer en el CGPJ. Hay que aclarar que es un problema endémico de la política española desde el siglo XIX, porque las victorias electorales comportan un descarado asalto al poder institucional. No puedo culpar solo al PSOE, porque también lo ha hecho el PP. El problema ahora es muy grave, porque Sánchez tiene unos socios muy poco recomendables. Lo sucedido con Dolores Delgado fue algo que ningún presidente se había atrevido a hacer y no le ha comportado, como viene siendo habitual, ningún desgaste. Por cierto, estoy convencido de que dentro de unos días se culminará el asalto al TC y que el actual CGPJ se limitará a ser una marioneta al servicio de los intereses gubernamentales y de la minoritaria izquierda judicial.

No se habla de nombrar a los mejores, sino a los afines. España cuenta con excelentes juristas, pero el mérito y la capacidad no son una prioridad para el Gobierno y sus aliados, sino contar con magistrados que estén dispuestos a aplicar el uso alterativo del Derecho. Lo importante no es la Constitución y los Códigos, sino una interpretación que responda a los intereses de los partidos que gobiernan. La división de poderes se ha convertido en una ficción, porque la realidad es que el legislativo es, desde hace décadas, una marioneta al servicio de La Moncloa. Para culminar esa idea de que lo único importante son las urnas y que todos los poderes han de estar sometidos a ellas faltaba tomar el control del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. Por su parte, la Fiscalía General del Estado es un ministerio más del gabinete, pero esos otros órganos son fundamentales para que las leyes ideológicas y las decisiones políticas, como las cesiones a los independentistas catalanes, puedan aplicarse sin que se declare su inconstitucionalidad. Una vez más, es el triunfo del criterio de oportunidad política que aplica la izquierda cuando gobierna, pero que no aceptaría si estuviera en la oposición. Sánchez debería reflexionar sobre este peligroso precedente.