Asociacionismo judicial: un apunte

Ignoro por qué no se renueva el Consejo General del Poder Judicial. Al principio era porque se vetaban candidatos, luego porque había que reformar el sistema de elección de vocales judiciales o comprometerse a hacerlo. Ahora ya no lo sé. Me recuerda lo que vivimos en nuestro Consejo. Estuvimos casi dos años en funciones y las razones para no renovarnos fueron que si ahora «no toca», que mediando elecciones locales o autonómicas mejor esperar, etc. Así pasaba el tiempo hasta que –¡paf!–, un buen día hubo acuerdo. En ese momento tocó y aun no sé el porqué.

Hace poco decía en estas páginas que vivimos los estertores de un proceso de degeneración institucional iniciado en 1985; también que vivimos la peor de las politizaciones que puede padecer el gobierno de la Justicia y que andamos instalados en la inconstitucionalidad cuando cada renovación hace realidad lo que el Tribunal Constitucional censuró: que el sistema de elección parlamentaria sería inadmisible si acaba en un reparto de cuotas entre partidos. También he sostenido la contradicción del PP que proclama que debe despolitizarse la Justicia y hace del Consejo y su renovación arma de lucha política.

Ante este panorama algunos políticos se excusan y buscan la culpa lejos de ellos. Así lo ha hecho recientemente un exministro de Justicia pepero, que atribuye la politización del Consejo a las asociaciones judiciales. No sé si llevado de esa lógica entiende que son los partidos la causa de la corrupción o piensa que los docentes lo son del fracaso escolar o del deterioro del sistema educativo o si echa en cara a los colegios profesionales que secuestren ciertas profesiones en beneficio propio. Y cuando las asociaciones judiciales afilian al 55% de la Judicatura, supongo que cuestionará la legitimidad de los sindicatos por no tener ese nivel de afiliación.

Quizás como ministro le interesaban jueces aislados, mudos en lo profesional, autistas, encerrados en un trabajo agobiante pero, eso sí, vocacionales, porque lo vocacional le reporta al político la tranquilidad de que la Justicia la administra una Judicatura abnegada, silente e invertebrada. Y si tiene que pasar por la previsión constitucional –nada menos que constitucional– de que haya asociaciones judiciales más la imposición, también constitucional, de que haya un Consejo, todo será más llevadero si logra que el Consejo sea un apéndice ministerial y, claro, pasa lo que pasa: que ese tipo de ministros que con peluca empolvada van con la soberbia de rey absoluto- no atienden e ignoran todo sobre el estado y funcionamiento de los tribunales y ahí vienen los disgustos y el rencor. En fin, de sus palabras deduzco que por su lógica no pasa asumir que hayan sido los partidos quienes han hecho del Consejo terreno de lucha y apetencia política, ni que lo hayan contaminado a base de partitocracia. Eso sí, que los culpables son las asociaciones judiciales.

Pero si repasamos la historia del asociacionismo judicial advertiremos el efecto contaminante de la influencia de los políticos. Habrá que recordar que con la Constitución, la Judicatura se unió en una sola asociación profesional, lo que unos rompieron creando otra asociación que reflejase los intereses ideológicos de la izquierda y lo agravó el primer gobierno socialista al auspiciar otra más –lo siento, pero así nació– no respondona, encandilándola con el atractivo de cargos y que apareciese como moderada frente a la carcundia de la «profesional». Se presentó así a los ciudadanos que las asociaciones judiciales eran un calco de los partidos: una de derechas –la profesional–, otra de centro –la, entonces, ministerial– y otra de izquierdas, hoy gubernamental, luego ¿quién está en el origen de esa imagen, reflejo del mapa político? Únase esto al desinterés por la eficacia de la Justicia o por atender a otros intereses profesionales con olvido de los jueces.

Nuestro asociacionismo tiene defectos, pero ni de lejos cae en el corporativismo de algunos Cuerpos o corporaciones profesionales –casi sectas– que se han tolerado cuando no cortejado, quizás porque no quitan el sueño ni molestan al poder. Pero su defecto no es aspirar a conformar el Consejo sin interferencia política sino, quizás, haber entrado en la lógica que les han dejado los políticos, no saber defender la profesión de juez, ni auspiciar un sistema de carrera profesional y que se las vea aparatos de reparto de cargos. Será así, pero ¿por qué? Pues quizás porque sin estímulos y con un trabajo apenas reconocido, no pocos jueces ven como único objetivo atractivo aspirar al 4% de plazas que son las que libremente provee el Consejo, sin que el prestigio profesional lo sea todo. Quizás eso ha adulterado nuestro asociacionismo, dejándose arrastrar, propiciando la idea de que estar en su onda es camino de promoción: así lo demuestran esos afiliados de ocasión que acercaron al calor asociativo y llegaron muy alto. Con aquiescencia gubernamental.