La idea de Escrivá

El Estado de las Autonomías se ha mostrado muy eficaz para modernizar el país y ser el mejor vehículo para que los servicios preferentes lleguen hasta el último municipio de España. El desarrollo de las competencias previsto en la Constitución ha ido ampliando el peso autonómico en el conjunto del gasto de las administraciones, en tanto que la sanidad y la educación dependen de los gobiernos regionales.

El ministro Escrivá ha puesto el dedo en una llaga que genera la gran controversia: la disparidad fiscal. El principio de corresponsabilidad fiscal debería regir el funcionamiento de las autonomías. El sistema de financiación autonómico es un complejo puzzle incómodo de renegociar para cualquier gobierno.

Casi todos los procesos de negociación suelen acabar de la misma manera, con café para todos. Lo perverso del sistema es que una comunidad puede jugar a la vez a apretar las tuercas al Estado para recibir más fondos y a bajar los impuestos en los que tiene competencia.

La operación es electoralmente rentable, pero reprobable éticamente porque todo recurso del que dispone cualquier administración procede del mismo sitio, del bolsillo de los ciudadanos. De esta manera, cuando un gobierno regional promete una rebaja de impuestos, lo que intenta es que sea otro el que lo cobre porque él está dispuesto a seguir gastando lo mismo.

El ministro ha planteado la transformación del modelo actual, que consiste en la cesión de algunos impuestos y tramos completos por otro en el que cada uno reciba en función del gasto efectivo por ciudadano.

La reforma debería consistir en encontrar la manera de la corresponsabilidad fiscal, es decir, eliminar atajos para poner en evidencia que cada rebaja fiscal se puede traducir en un empeoramiento de los servicios. Competir para bajar la fiscalidad es jugar contra los ciudadanos.