La asimetría socialista

En política la mentira y la infamia son reprobables y nauseabundas

Enrique López

En el paraíso penal de la izquierda, con la implantación de un auténtico sistema de dumping legal, Ayuso, Moreno y Miras son presentados como auténticos criminales por bajar los impuestos y Feijóo como un facineroso por querer adaptar los tributos energéticos a las medidas comunitarias. Ello en un contexto en el que el Gobierno ha dejado claro con sus decisiones que el terrorismo merece cercanía, el golpismo institucional indultos y la peor corrupción ser considerada como una actividad social. Las bajadas de impuestos que están aprobando los gobiernos autonómicos del Partido Popular, además de una medida de activación y recuperación económica, están siendo también un acto de claridad democrática, porque están poniendo al descubierto el verdadero rostro de intolerancia y la doble vara de medir del Gobierno de Pedro Sánchez, que no está dispuesto a tolerar que se ponga en marcha un modelo que garantiza el crecimiento económico, que respeta a los ciudadanos y que beneficia a los servicios públicos, ya que está comprobado que una presión fiscal inteligente también sirve para aumentar la recaudación, como se ha visto en la Comunidad de Madrid. Confunden progreso social con la creación de un Estado elefantiásico, generador de personas dependientes de lo público y de un sistema clientelar de subvenciones y pagas no exactamente universales, financiando todo con una fiscalidad creciente, insaciable e incluso expropiatoria. Y, a falta de otros argumentos, demonizan las rebajas fiscales, con la infantil demagogia de ricos y pobres, sacando a pasear los recortes que sólo se producen como consecuencia del despilfarro de la izquierda y, por supuesto, amenazando con nuevos impuestos que compensen los rebajados, o incluso, cuando aparece la sinceridad, con políticas de recentralización y armonización fiscal para que las comunidades pierdan buena parte de su autonomía tributaria, a pesar de que ésta está contemplada, además de en la Ley de Financiación de las CCAA, en la propia Constitución Española. Es un discurso que se cae por su propio peso, además de por las consecuencias legales y económicas, por la contradicción que supone escuchar al socialismo gobernante, que siempre utilizó la autonomía financiera por necesidades electorales y parlamentarias y que tanto ha coqueteado con la idea del federalismo asimétrico. Han dejado quedado claro que la autonomía impositiva solo la quieren si es para subir impuestos y que el único debate fiscal que les interesa consiste en culpar de insolidaridad al PP, cuando es el partido que, por dos veces, salvando las cuentas públicas, corrigiendo el déficit público, evitando auténticas bancarrotas, ha garantizado la continuidad del Estado del Bienestar en España. Todo vale con las administraciones del PP, aunque tomen decisiones tan legales como legítimas, mientras se consiente a una Comunidad gobernada por un socio parlamentario, la Cataluña de ERC, que incumpla el 25 % de español en la enseñanza. Ahí miran para otro lado y rehúsan recurrir en las instancias que corresponden, lo que hubiera suspendido de forma automática la norma ilegal que incumple una sentencia, y renuncian a plantear reforma legal alguna, todo para que continúe el paraíso lingüístico nacionalista y el dumping independentista, además del apoyo a los decretos-ley del gobierno. Es, claramente, la España asimétrica en la que lo único que le importa al Gobierno y a la mayoría que le apoya es el color político de los destinatarios de sus medidas, como si no fueran realmente los ciudadanos españoles, que quedan rehenes de sus filias y fobias políticas, además de por su coyuntura de necesidades y obsesiones ideológicas. En política la demagogia no es buena, pero es admisible, la mentira y la infamia son reprobables y nauseabundas.