Poliamor institucional

En esta crisis, sainete, tragedia griega o esperpento nacional de la (no) renovación del CGPJ hay muchas víctimas. La última, Lesmes y su inmolación progresiva, tan concreta y personalizable, se añade a una extensa lista de intangibles colectivos, más o menos difusos, que se han visto afectados por la parálisis en el recambio del órgano de gobierno de los jueces: la imagen de la Justicia (tan alejada de aquella señora que lucía orgullosa la venda en los ojos), la presunción de independencia de quienes la imparten, el prestigio de las instituciones o el riesgo de arraigar la generalización de que los políticos agravan más problemas que resuelven. En fin. El colapso del Poder Judicial como catalizador de los principios populistas. Pero aún hay otro ángulo posible en esta disección de las miserias oficiales, como una lección de anatomía democrática, y es el ninguneo al Poder Legislativo. O ese «ghosting» continuo al Congreso y al Senado que tanto se estila esta legislatura.

La tensión entre los poderes del Estado ha dejado a las Cortes en desventaja: se le hurtó la capacidad de control al Gobierno en lo más duro de la pandemia (con amonestación posterior del Constitucional) y la costumbre, ya tradición, de esquivar los debates parlamentarios en la elaboración de leyes camufladas detrás de decretos presentados en porcentaje desmedido. Y ahora ha vuelto a suceder. El desarrollo del artículo 122.3 de la Constitución, a través de la Ley Orgánica de 1985, otorgó a Congreso y Senado la potestad de elegir a ocho vocales del CGPJ y proponer a los otros doce. Y, por discutible y reformable que sea (que en esas estamos), es lo que se debe cumplir y no parece que Moncloa sea el escenario adecuado para debatir semejantes competencias legislativas. Más que esa última oportunidad de «salvar una relación de pareja» a la que se refirió González Pons para describir la negociación abierta entre PSOE y PP, más que eso, habría que aspirar a solucionar de una vez el incómodo caso de poliamor mal avenido en que se ha convertido la separación de poderes en España.