El precedente político

En los estados democráticos nada es inamovible, las instituciones cambian, las leyes son modificadas, derogadas o sustituidas por otras nuevas. La cuestión es la motivación por la que se actúa y las consecuencias que tiene.

Pedro Sánchez se la ha vuelto a jugar a cara o cruz. Para el PP, se confirma que la negociación del Consejo General del Poder Judicial era una trampa contra Feijóo, para los independentistas catalanes de ERC, es una victoria clara de sus posiciones, los de Puigdemont tienen más reservas, pero reconocen que la reforma no les va mal.

El gobierno ha salido en bloque defendiendo su posición. El primer argumento esgrimido se centra en tachar de anacrónico el delito de sedición y argumentar la necesidad inmediata de europeización el código penal.

Sin embargo, no han podido evitar sospechas por el momento elegido para la reforma y las prisas con que se va a producir, se les acusa de tener más que ver con las exigencias de los independentistas para garantizarle a Sánchez un año más en la Moncloa que con los intereses de país.

Los recelos aumentan cuando, una vez anunciada la supresión del delito de sedición, se plantea la modificación de la figura de malversación tipificada en el código penal. Exactamente son las exigencias que ha puesto encima de la mesa Junqueras para poder ser candidato a la Generalitat.

El líder socialista nunca toma una decisión por razones ideológicas, siempre existe un cálculo previo. Lo evidente es que, si no necesitase los votos de ERC, no habría iniciado nunca esta reforma del Código Penal. Entre considerar la reforma un servicio al bien común o a los intereses de Sánchez, la navaja de Ockham indica que lo segundo.

En cuanto al análisis de las consecuencias, los independentistas no han renunciado, ni lo van a hacer a la aspiración de que Cataluña abandone el resto de España. Es decir, seguirán conspirando y actuando en favor de la secesión, con la sustantiva diferencia de que, en este momento, una repetición de los hechos de octubre de 2017 tendrían una respuesta del Estado de Derecho mucho más débil. Como ha señalado con acierto un líder autonómico socialista, lo que se ha conseguido es que sea más barato agredir a la Constitución en términos judiciales.

El precedente es malo: un presidente que promueve legislaciones ad hoc en función de sus intereses personales, eso es abrir la puerta al populismo.