¿Dimitirá Irene Montero?

Vaya semanita de misiles, cohetes y estallidos varios. Por culpa de un ataque repentino en territorio polaco, con dos inocentes campesinos muertos, y en plena cumbre del G20, a punto hemos estado de asomarnos al abismo definitivo de una guerra mundial. Ahora, todos los países implicados en el incidente deciden comunicarnos que el misil en cuestión procedía de Ucrania, y más nos vale creerlo.

Por otro lado, el despegue exitoso del cohete Artemis nos devuelve la esperanza de un regreso tripulado a Marte y de ver, allá por 2025, a la primera mujer astronauta pisar nuestro satélite. La NASA, con sus iniciativas espaciales, al menos nos ha distraído un poco del tumulto político en este país nuestro, a cuenta de las maniobras del Gobierno para rebajar las condenas de los presos del Procés, en sus negociaciones presupuestarias con ERC.

Lo que no esperaba este Ejecutivo de dos almas es que la entrada en vigor de la ley estrella de la ministra Irene Montero desencadenara un goteo incesante de revisiones de condenas a violadores y que, incluso, algunos de esos agresores estén de nuevo en la calle gracias a esa norma. Sus víctimas, indignadas y desprotegidas, no dan crédito. ¿Cómo es posible que la ley que nació del terrible caso de violación grupal en los Sanfermines cause tanto daño? ¡El país entero no da crédito!

¿Y cuál ha sido la reacción primera de Montero? Llamar «machistas con toga» a los profesionales que se han limitado a cumplir estos días con su trabajo. Se resiste a la autocrítica, le da la vuelta a la tortilla y culpa del desaguisado a los magistrados. No acepta otra posibilidad, y pide ayuda a la Fiscalía, para que haya una «aplicación efectiva» de la ley más asediada que se recuerda. La vicepresidenta Díaz, entretanto, no habla, no responde, no sea que le salga el tiro por la culata.

¿Dimitirá Irene Montero? Lo piden la mayoría de asociaciones judiciales, conservadores y progresistas. Lo exige la oposición. Pero recordemos que, del Consejo de Ministros, no se va nadie que no quiera Pedro Sánchez. Y él no está por la labor de enseñarle la puerta de salida, en plena negociación de las cuentas del Estado.

En realidad, las grietas de la norma tienen más responsables políticos, porque hubo varios ministros socialistas que participaron en su elaboración. Y porque los avisos de al menos cinco organismos a Igualdad sobre varios fallos en flecos de la norma no fueron tenidos en cuenta por nadie.

Si un edificio se cae, uno pide cuentas al arquitecto. Si una ley tropieza tan estrepitosamente, la propia ministra del ramo tendría que apresurarse a presentar su cese y, antes de eso, a deshacer el entuerto, que para eso está donde está.