La constante Ibarretxe-Fernández Ordóñez

6,24 por ciento es la proporción que, del gasto del Estado, corresponde a la participación del País Vasco en la financiación de las competencias que ejerce en virtud de su Estatuto de Autonomía. La cifra se estableció con ocasión de la Ley del Cupo de 1988 y ha permanecido inalterada desde entonces. Por eso, podemos denominarla como la «Constante Ibarretxe-Fernández Ordóñez (CI-FO)», por ser ambos personajes los responsables de las haciendas vasca y española que la negociaron. Y ahora, con el pacto presupuestario entre el gobierno y el PNV, Sánchez la ha vuelto a confirmar al prorrogar por cinco años más el Cupo de 2017.

Poca gente sabe que el guarismo se calculó inicialmente como la raíz cuadrada del producto de las participaciones vascas en el PIB y la población españoles. Si hoy hiciéramos esa operación, su valor sería 5,21. La diferencia puede parecer exigua, pero encierra una verdad política y otra económica, ambas importantes. La primera revela que la gobernanza nacionalista ha conducido a un empequeñecimiento relativo del papel del País Vasco en España, algo que el PNV no está dispuesto a reconocer. La segunda señala que mantener la CI-FO reporta buenos dineros a las arcas del País Vasco. El lector lo comprenderá mejor con un ejemplo: una de las últimas transferencias competenciales del Estado a Euskadi –la del Ingreso Mínimo Vital (IMV)– se valoró en 188,5 millones de euros; o sea, 31,1 millones más que lo que correspondería a la aplicación de ese 5,21 por ciento. Pero hay que añadir que, debido a que en esa región hay menos gente pobre que en otros lugares de nuestra geografía, en realidad el gasto vasco en el IMV no va a superar los 90 millones. Esto significa que mantener la ficción de la CI-FO les deja a los gestores nacionalistas un remanente de 98,5 millones que pueden dedicar a sus políticas clientelares. Lo del IMV no es una singularidad extraña, sino que puede extenderse hacia otras muchas de las competencias del Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales. Para esas administraciones, es evidente que el sistema del Cupo es un chollo que les permite disponer de una financiación por habitante que duplica la del resto de España. Un privilegio intolerable.