Gibraltar y el blanqueo de capitales

La Unión Europa y el Reino Unido no terminan de lograr un acuerdo sobre la futura relación con Gibraltar, y todo indica que no habrá acuerdo, a pesar de que en la Nochevieja de 2020 se alcanzó un «entendimiento» entre España y el Reino Unido, muy favorable para la Roca, y donde la delegación española desperdició una inmejorable oportunidad para poner sobre la mesa su reivindicación sobre Gibraltar, en base a las reiteradas resoluciones de la Asamblea General de la ONU.

En su defecto, se aceptó que Gibraltar formara parte del espacio Schengen y que la Verja se desmantelara, permitiéndose así la libre circulación de personas y mercancías, sin que Gibraltar se comprometiera a renunciar a su privilegiado régimen económico y fiscal, que le beneficia tanto como perjudica a España.

Por suerte para nosotros, la UE no termina de aceptar estas condiciones. Desconocemos las razones, porque el contenido de las negociaciones no trasciende y están bajo un manto de sospechoso secretismo, pero, según parece, los privilegios de la Roca son irrenunciables.

Gibraltar disfruta de un régimen económico-fiscal exclusivo, que le permite obtener grandes beneficios con baja tributación, fundamentalmente a costa de España. El contrabando de tabaco, cuya contribución al presupuesto del Peñón se estima en un 24%, y otras actividades ilícitas, siguen siendo un importante soporte económico de la colonia.

En estos días se ha conocido que la Comisión Europea ha actualizado su lista de territorios terceros de alto riesgo, por sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se ha incluido a cinco jurisdicciones, entre ellas Gibraltar. Ingresan en la poco honorable lista de la UE, junto con la colonia, la República Democrática del Congo, Mozambique, Tanzania y EAU.

El asunto se veía venir, ya que en el pasado mes de junio, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional contra el blanqueo de capitales, incluyó a Gibraltar en la lista de «jurisdicciones sometidas a una mayor vigilancia», también conocida como «lista gris». Gibraltar quedó sometida a supervisión reforzada del organismo internacional en los aspectos en los que ha mostrado deficiencias, afectando directamente a sus servicios financieros, la industria del juego y casas de apuestas por internet, sectores de la actividad económica que suponen un alto porcentaje del PIB de Gibraltar, que junto con otras actividades irregulares, algunas delictivas, elevan el PIB per capita de los llanitos hasta la tercera posición mundial, con 70.000 euros.

Esa privilegiada posición sería imposible sin el peculiar estatus fiscal y jurídico de Gibraltar, y sin la inestimable ayuda de España y de su mano de obra precaria. Hace poco en la prensa local saltó la noticia del caso de NMP, una linense de 27 años de edad, que trabaja en Gibraltar, víctima de cáncer y que sobrevive con una ayuda de 120 euros, al no poder solicitar otra por encontrarse oficialmente en situación de actividad laboral.

Resaltaba la noticia que los trabajadores transfronterizos españoles que caen enfermos tan sólo perciben la prestación por enfermedad de dos semanas de sueldo al 100% y cuatro semanas más al 50%. Si la enfermedad es de larga duración, nuestros trabajadores no sólo no cobran nada después de lo previsto, sino que tampoco pueden solicitar ningún tipo de prestación en Gibraltar ni en España, al estar en la situación laboral de «trabajador activo», algo que no le sucede a los residentes en Gibraltar pues ellos si pueden acceder a una prestación de su Welfare o Bienestar Social.

«Zona de Prosperidad compartida» es la falsa idea que no dejan de repetir quienes defienden un desigual acuerdo con Gibraltar, pero no deja de ser una frase vacía de contenido real. Gibraltar disfruta ya de una envidiable prosperidad y no tiene ningún interés en compartirla. Su interés está en mantenerla, según dijo el Gobernador ingles en su mensaje de Navidad.

No existe un estudio económico serio que ampare los supuestos beneficios de la «prosperidad compartida» y que evalúe los costes para España. Más bien, hay datos significativos en sentido contrario. La pasividad con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son solo algunos.

Gibraltar necesita a la tierra que la circunda y a los españoles que la habitan para mantener su propio nivel de vida y colonizarla con mano de obra precaria. España debe defenderse de las nocivas consecuencias de las irregularidades de la colonia y fomentar la prosperidad del Campo de Gibraltar sin la quimérica «zona de prosperidad compartida» que solo consolidaría la situación de privilegio de la colonia, generando muchos más efectos indeseables que los beneficios de los salarios de los 7.500 trabajadores españoles que, en condiciones inadmisibles, trabajan allí.

Urge un eficaz Plan Económico para el Campo de Gibraltar que lo lance al siglo XXI sin la muleta de la colonia británica.