Sólo Sánchez es Sánchez

Uno de los mayores fracasos del gobierno Sánchez. Tres meses después de entrar en vigor la desastrosa Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, continúa el goteo imparable de rebajas de condenas y excarcelaciones de delincuentes sexuales. En medio, Carmen Calvo, ex vicepresidenta primera del Gobierno, revela que la norma se aprobó a sabiendas de que saldrían violadores a la calle. Todos recordamos aquel fino debate público entre miembros del Gobierno, recogido en las hemerotecas, en el que las objeciones privadas que ponía a la norma el ministro de Justicia eran contestadas públicamente por Pablo Iglesias, llamándole «machista frustrado».

Inenarrable, sobre todo si se tiene en cuenta que la reforma nació de la indignación por el caso de La Manada, que provocó manifestaciones que ahora nadie convoca por este desastre legislativo. Un espantoso suceso que fue sentenciado en primera instancia con una condena por abuso sexual, y no por violación, lo que el Tribunal Supremo después resolvió en casación. Sin embargo, el Ministerio de Igualdad, entendiendo que la legislación era defectuosa, con el asunto resuelto en el ámbito jurídico, redactó una ley cuyo resultado son estas semanas durísimas para las mujeres víctimas, especialmente para las víctimas de una tipología delictiva repugnante, que provoca daños de difícil reparación por parte de individuos sobre los que existe coincidencia en la dificultad que existe para su rehabilitación plena.

Semanas de balbuceos incomprensibles, excusas impresentables y anuncios contradictorios de los ministros socialistas, alternados con declaraciones impresentables desde el punto de vista democrático de los que pertenecen a Unidas Podemos, negando la evidencia, mintiendo y acusando a medios y jueces de algo causado por su propia irresponsabilidad, desconociendo que en España lo que hacen los tribunales es aplicar las leyes que emanan de la soberanía nacional, al margen de la torpeza o calidad con que estén elaboradas. Por fin, en medio de una borrasca mediática con 70 centímetros de altura de nieve, balbuceos e insultos coinciden en la necesidad de reformar la Ley, eso sí, para «proteger la coalición», como han dicho desde ambos lados, porque «proteger a las víctimas», para ellos, siempre está por debajo de la ideología. Y lo hacen sin explicar que, aunque la ley se modifique, no será retroactiva si perjudica al reo, y solo será aplicable a hechos cometidos tras su entrada en vigor, por lo que seguiremos asistiendo a revisiones de condenas por hechos anteriores, allí donde la ley del «solo sí es sí», como ley penal intermedia, resulte más beneficiosa.

Lo que no es óbice para no abordar con la mayor urgencia el cambio normativo, por lo que harían bien los grupos que constituyen la mayoría del Congreso en tramitar la proposición de Ley registrada hace más de un mes y medio por el Grupo Popular, sin perder ni un minuto más. Y que dejaran de lado la propaganda con asuntos como el consentimiento, que ya era crucial en el Código Penal de 1995, y que, por tanto, nadie debería presentar ni como novedad ni mucho menos como excusa para no reformar. Porque, si algo ha sido evidente estos meses, es que siguieron adelante a pesar de que era una reforma innecesaria, técnicamente errónea y con objeciones procedentes de todos los organismos asesores del Estado, así como de los partidos de la oposición. Y no solo no escucharon a nadie, sino que además sabían perfectamente lo que iba a pasar. Esto tendrá consecuencias democráticas en términos electorales, pero lo más indignante es que la búsqueda de la solución no esté inspirada en la mayor protección de las víctimas, sino en el mantenimiento de la coalición, sencillamente vergonzoso.