Amnistía inmoral

Nadie puede dudar que la amnistía que exige el prófugo Puigdemont es un requisito imprescindible para investir al actual presidente del Gobierno, y nadie debería dudar de su inconstitucionalidad a la vista del informe emitido, para justificar los indultos, por el entonces ministro de Justicia, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, donde se declaraba que la misma era «claramente inconstitucional».

Podría parecer estéril formular cuestiones morales sobre aspectos políticos como la amnistía, sin embargo, un análisis político-moral resulta más útil y necesario que nunca, aun reconociendo que las relaciones entre moral y derecho son poco pacíficas, empero hay que reconocer que la moral sigue siendo la base del derecho y, que la eficacia normativa de la Ley descansa en su aceptación moral.

«Moral», según el profesor Aranguren, puede tomarse en dos acepciones diferentes: una con referencia a la conducta humana y a su calificación como moral o inmoral; y la otra, como parte de la filosofía que se ocupa del comportamiento humano en cuanto bueno o malo.

Hoy día, cualquier análisis moral sobre cuestiones político-sociales debe formularse según los principios y normas generalmente aceptadas en las sociedades democráticas plurales, donde, sin lugar a dudas, existen valores éticos hegemónicos, que en nuestro caso están vinculados a los valores superiores de nuestro Ordenamiento Jurídico: libertad, igualad, justicia y pluralismo político.

Por muy laxas que sean las normas éticas de nuestra sociedad, la aprobación de una amnistía, con la única finalidad de obtener los votos del prófugo Puigdemont, la considero inmoral por las siguientes razones:

1.- La previsible ley de amnistía enmascarará su verdadera finalidad –lograr la investidura– presentándose como «medio para superar las consecuencias judiciales de unas de las peores crisis territoriales». Una ley que oculta su verdadera finalidad no es un ejemplo de moralidad política.

2.- Una amnistía concedida a cambio de los votos imprescindibles para ser investido presidente del Gobierno no puede considerarse moralmente aceptable, porque una auténtica amnistía tiene otros fines más decorosos.

3.- La amnistía supone la excepción parcial y singular del Estado de Derecho respecto de los delitos amnistiados, malversación y corrupción incluidas. Es arbitraria porque tritura el principio de igualdad y persigue fines privados ajenos al interés general.

4.- Eleva a la categoría de actor político principal a un prófugo de la Justica, autor de un golpe de Estado contra nuestra democracia.

5.- Sin que conste la más mínima prueba o indicio de arrepentimiento, ni «voluntad de reencuentro con la legalidad subvertida», en palabras del Supremo.

6.- Con pública y reiterada voluntad de reincidir en los delitos a amnistiar, que constituyen auténticos ataques a los pilares de nuestra convivencia democrática.

7.- Sin consenso social, político ni parlamentario. El 49,14% de los diputados y el 54,75% de los senadores se oponen. Una amnistía sin consenso no es una verdadera amnistía.

8.- La amnistía resulta en realidad una autoamnistía por doble motivo: i) porque los votos de los representantes de los amnistiados son imprescindibles para aprobar la misma, ii) porque ésta beneficia a los partidos que apoyan al candidato, siendo éste su último beneficiario, como así ya señaló el Tribunal Supremo en su informe sobre los indultos concedidos. La autoamnistía es una grosera inmoralidad.

9.- Constituye un claro ejemplo de «tiranía de la mayoría», observándose ésta cuando la misma persigue exclusivamente sus propios objetivos sin atender al verdadero interés general, según acuñó John Stuart Mill en «Sobre la libertad».

10.- Se evidencia una utilización de las facultades y poderes del Estado para fines particulares en una especie de «malversación jurídica».

11.- Posiblemente concurrirá también una cierta dosis de «malversación económica», porque la amnistía llevará aparejada medidas fiscales y económicas que pagaremos todos y beneficiarán a unos pocos, incluso dejando impunes casos de corrupción.

12.- La amnistía supone una privación ilegítima del derecho a la tutela judicial efectiva de los damnificados por los amnistiados, creándole indefensión.

13.- Supone una alteración y adulteración de la historia reciente, próxima a la defección del Estado.

14.- El cambio de opinión simultaneo y generalizado, salvo honrosas excepciones, sobre la constitucionalidad de la amnistía, llevado a cabo por el candidato, el actual gobierno, los partidos que lo apoyan, así como sus medios afines, en tan solo dos meses, cuando lo único que ha cambiado ha sido la necesidad de la misma, es un claro ejemplo de política sin principios.

15.- La negociación sobre una amnistía a cambio de votos es una grotesca mercantilización de los derechos fundamentales, muy cercano a lo que Kant definiría como «el más obsceno de los actos del Estado».

Una consecuencia de la investidura en estos términos podría ser la «desmoralización de la sociedad» en su doble sentido: pérdida o deterioro del código ético social quebrantado por el candidato, renunciando así a la ejemplaridad propia de su cargo y, además, la pérdida de la confianza social en la empresa colectiva. En ambos casos pierde España y ganan sus adversarios.

Tomás Torres Perales Economista y Abogado.