Amnistía

Al margen de la opinión que cada uno posea sobre la unidad de España y una futurible independencia de Cataluña, nadie que aprecie mínimamente la separación de poderes y el Estado de Derecho debería tolerar que el Legislativo vaya a sacar adelante una Ley de Amnistía cuyo objetivo es anular y maniatar la labor del poder judicial. A la postre, lo que hace una amnistía es declarar que ciertas personas quedan exentas de someterse a la ley por los hechos, potencialmente delictivos, acaecidos durante un cierto período de tiempo. Todo ello sin el concurso de los tribunales, a quienes se les prohíbe meter sus narices en dilucidar si ha habido un quebranto de la ley o no lo ha habido. Si nuestros legisladores habituaran a usar la amnistía, podrían decidir caprichosamente a quién se le aplica la ley y a quién no, suprimiendo así el carácter general de las normas y, por tanto, la igualdad jurídica de los ciudadanos.

En este caso, además, nuestros gobernantes ni siquiera recurren maquiavélicamente a un medio criticable (la amnistía) para alcanzar un fin que pudiéramos considerar noble (por ejemplo, la reconciliación nacional), sino que utilizan un medio criticable para alcanzar un fin meramente personalista y partidista: la perpetuación en el poder de Pedro Sánchez y de los suyos. Al contrario de lo que señaló el presidente del Gobierno en funciones el pasado fin de semana, su apuesta por la amnistía no deriva de la búsqueda del mayor bien para España, sino del mayor bien para sí mismo. En caso contrario, si Sánchez y el PSOE creyeran sinceramente que la amnistía es la mejor forma de mejor la convivencia, lo habrían defendido antes de las elecciones y antes de saber que necesitarían los votos de Junts. Pero no: antes de los comicios se hartaron a decir que la amnistía era una línea roja porque, además, no cabía en la constitución. Por consiguiente, la única justificación de Sánchez y de los suyos para retorcer la ley es su interés personal: sus hechos nos indican que, para ellos, el Estado de Derecho está subordinado a su arbitrio caprichoso. Y eso es precisamente la abolición del Estado de Derecho.