El caso Ferrovial y el Frente Popular sanchista

Es una muy mala noticia para España que una empresa del IBEX y de la dimensión de Ferrovial decida el traslado de su sede social a los Países Bajos. No es preciso ser accionista de la compañía ni tener relación alguna con ella para escribir desde la distancia del observador interesado, y al tiempo, preocupado por el impacto y las eventuales consecuencias para nuestra reputación internacional como país que la noticia puede ocasionar. No sabemos si la reacción del Gobierno supondrá una marcha atrás en la decisión adoptada, pero en cualquier caso obliga a una reflexión, ya que España ha sido –hasta ahora– un destino atractivo para la inversión extranjera por diversas razones, una de las cuales es sin duda la seguridad jurídica.

En todo caso, no parece que este Gobierno se caracterice por gestos de reconocimiento hacia estas empresas, a las que estigmatiza y ridiculiza en cuantas ocasiones considera conveniente para sus intereses políticos y electorales, que con demasiada frecuencia no suelen coincidir precisamente con el interés general de España. Las burlas y descalificaciones de todo tipo hacia ellas, llegando al extremo de poner nombre y apellidos a algunos de sus principales dirigentes como representantes del capitalismo más antisocial y menos ejemplar, es propio de repúblicas bananeras y no de un país como España, organizado en un «Estado social y democrático de Derecho» y una de las principales economías de la UE. Basta hacer repaso de la hemeroteca escrita y audiovisual para encontrar las múltiples referencias al respecto de la coral gubernamental, encabezada por el propio presidente y replicada con entusiasmo con expresiones populacheras por su Vicepresidenta Social Díaz y sus ministras podemitas. De las 35 empresas con mayor capitalización bursátil en España (IBEX 35), a fecha de enero de 2023, Ferrovial ocupa el 12º lugar, con cerca de 20.000 millones de euros, por lo que la noticia tiene particular interés público.

Ahora que es de actualidad la moción de censura de Vox contra Sánchez, conviene recordar que la que le llevó a él a La Moncloa en junio de 2018 –tras dos batacazos electorales en diciembre de 2015 y junio de 2016 con 89 y 84 diputados, respectivamente– estuvo motivada según su PSOE por «la corrupción del PP, que ponía en peligro nuestra democracia». Como terapia, entre otros remedios, comprometía la total «transparencia» de la actividad pública para salvar nuestra calidad democrática. De la corrupción no es preciso hablar ahora, pero sí de la transparencia. Es necesario conocer con claridad cuál es la razón de esta decisión que afecta al interés general de España y de los españoles.