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La ocupación militar británica de Gibraltar se prolonga en el tiempo. Permanece como una de las últimas situaciones coloniales del planeta y una permanente violación del ordenamiento jurídico internacional. No hay dudas políticas ni jurídicas. Ni tan siquiera debe haber debate. La soberanía española sobre Gibraltar no se puede compartir ni trocear, aunque lo haya planteado así equivocadamente el Gobierno de Rajoy. El colonialismo es un crimen internacional y, por ello, las autoridades británicas y sus fuerzas armadas deben abandonar, de manera inmediata, el territorio español de Gibraltar. La comunidad internacional no debe permitir que se viole el derecho del pueblo español a la autodeterminación y, por lo tanto, debe exigir a las autoridades de Londres que pongan fin a esta situación colonial. El abandono de la Unión Europea por parte de Reino Unido nos presta una nueva oportunidad. El poder político y militar británicos, que sostienen la situación colonial de Gibraltar, se debilita y la comunidad internacional debe instar a que se ejerza plenamente el derecho a la autodeterminación de los españoles y se restablezca, con ello, la integridad territorial. Por de pronto, la Unión Europa debe ir preparando una Declaración, que emita el Consejo Europeo, en la que se afirme la plena soberanía española sobre Gibraltar y se exija su devolución a España. Esta declaración sólo puede sostener que la fuerza militar británica ha de abandonar Gibraltar y que se debe poner fin a la situación colonial. La permanencia conjunta de España y Reino Unido a la Unión Europea ha llevado, durante largo tiempo, a «tolerar» esta situación por ambas partes. Ahora, cuando el Reino Unido abandone definitivamente la Unión, los Estados miembros no deben dejar pasar la oportunidad. Gibraltar debe convertirse en una cuestión y un «problema» europeos y en una reivindicación del conjunto de los estados de la Europa unida frente a «terceros». Gibraltar, junto con las Malvinas, son ya cuestiones que afectan a todos los iberoamericanos. A partir de ahora, estamos en condiciones de asegurar que también preocupa a los estados comunitarios en su totalidad.