A favor

En todos los Estados de Derecho hay tres carteras gubernamentales, las institucionales, cuyos entresijos, pactos, acuerdos, reuniones y resoluciones no pueden ser del dominio público. Me refiero a los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa e Interior. De este último depende la seguridad del Estado, y los trapos sucios –que los hay en todos los ministerios del Interior– se lavan en el vestuario.

Al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le grabaron hace dos años en su despacho oficial una conversación con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña. Y pocos días antes de las elecciones generales se han publicado tramos de aquella conversación delictivamente grabada. Demasiada casualidad. No creo que la manipulación perversa de la que ha sido víctima Jorge Fernández Díaz influya en el voto de las próximas elecciones. Quizás, al contrario, lo haga de forma positiva. Un ministro del Interior tiene la obligación de hablar todos los días con el mundo y el submundo. Si no lo hace, estaría faltando a su deber. Y una buena parte de sus conversaciones no pueden valorarse desde la llamada transparencia, porque un Ministerio del Interior jamás puede ser transparente. Y más aún, en un Estado con partidos independentistas y cercanos a la violencia en el poder autonómico.

Se me antoja una gran majadería pedirle al ministro que asuma sus responsabilidades en un caso en el que el titular de la Cartera ha sido víctima de una deslealtad y un delito. No es lo mismo hablar del precio de la remolacha, la conveniencia de aumentar la red del AVE, del sistema de nombramientos en el Poder Judicial, que de la estrategia de nuestros Ejércitos en las misiones extraordinarias, de los pactos secretos de nuestras cancillerías y sus métodos diplomáticos o de las sombras necesarias que hay que recorrer para garantizar la seguridad nacional. Los ministros de Exteriores, Defensa e Interior están obligados a cubrir sus acciones, siempre que la seguridad de España se lo demande, con una discreción absoluta. Grabar sus conversaciones en sus despachos oficiales, además de una traición, es una acción de deslealtad demoledora. Y publicar, dos años más tarde y coincidiendo con las elecciones, una parte sesgada de dicha conversación, de una gravedad clamorosa. En mi caso, sí ha decidido mi voto. A favor, claro está.

¿En qué cocinita se ha preparado, condimentado y cocido el plato de la traición? Me sorprende que el socialista Pedro Sánchez se haya encampanado tanto con este asunto. ¿Acaso ha olvidado las conversaciones privadas en el Ministerio del Interior que pudieron mantener el leal Barrionuevo, el desleal Rafael Vera, Sancristóbal, Amedo y otros personajes desaparecidos en la niebla en tiempos del socialismo gobernante? ¿Sabemos con quiénes se reunió, porque era su deber, Alfredo Pérez de Rubalcaba siendo ministro del Interior? No, afortunadamente. Los ciudadanos no pueden ser partícipes de los secretos de Estado, ni de los caminos proyectados para defender a España o garantizar su seguridad. Más aún cuando hay españoles y partidos españoles cuyo único fin es descuartizar a España. ¿Por qué se manifiesta escandalizado Albert Rivera? Si algún día Rivera es presidente del Gobierno, tendrá un ministro del Interior que actúe como Corcuera, Barrionuevo, Mayor Oreja, Acebes, Rajoy, Alonso, Rubalcaba o Fernández Díaz.

La conversación, por otra parte, a dos años vista es completamente irrelevante. Si el ministro del Interior, ahora en funciones, ha tenido un defecto, ese ha sido precisamente el de haber actuado siempre desde la estricta y elemental legalidad. El delincuente es otro. Los traidores, más de uno. Y las consecuencias, en mi opinión, totalmente nulas.

Prefiero que mi voto ayude al traicionado antes que al traidor.