Acatar la Carta Magna, requisito para todo diputado

El pasado día 20 se constituyeron las Cortes. Es el primer acto formal necesario para echar a andar la nueva legislatura y poner en marcha el proceso para la investidura de un candidato a la presidencia del Gobierno y la posterior formación del mismo. La formación de la Mesa del Congreso es la primera pista sobre los pactos que se estén forjando de cara a esa investidura y posterior Gobierno.

Inicialmente parece clara la voluntad de Ciudadanos de facilitar la investidura del candidato popular, eso sí, a cambio de dos sillones que no le correspondían en la Mesa, y la asunción inicial por los partidos nacionalistas de la imposible formación de un gobierno de izquierdas más proclive a sus pretensiones independentistas, también a cambio de formar grupo parlamentario propio. Este comportamiento de los nuevos partidos, ya en su segunda legislatura, refleja con qué rapidez se adaptan al sistema y a las prácticas de los veteranos, probablemente porque son las que la necesidad política exige en las circunstancias actuales, con independencia de quiénes sean sus protagonistas.

Donde no se ha producido esa rápida asimilación a las prácticas parlamentarias y al respeto a la legalidad vigente es en las fórmulas utilizadas por los miembros de estos grupos para adquirir su condición de padres de la patria. No se han limitado a someterse a la Constitución y a las leyes como es preceptivo, sino que, en mayor proporción que en la pasada legislatura, se han convertido en alegatos reivindicativos e improcedentes que llevan a cuestionarse si son válidas para adquirir su condición de diputado.

La utilización de este tipo de expresiones no es nueva en nuestros parlamentos, e incluso en la toma de posesión de algunas instituciones representativas del Estado como la Presidencia de la Generalidad o del Parlamento catalán. Dejarlas pasar como algo anecdótico y sin consecuencias hace que la vulneración de la Ley y la falta de respeto a las instituciones sea parte de la estrategia de estos partidos para acabar con las mismas y con el sistema que nos hemos dado entre todos. Por eso sorprende e indigna que no se produzcan reacciones de mayor contundencia política, legal y judicial frente a ellas. El acatamiento de nuestra Constitución es requisito obligado para poder adquirir la plena condición de diputado, por lo que el acatamiento debe ser expreso, sin que quepan fórmulas que desnaturalicen o priven del sentido al mismo, ni entenderse implícito en el mero ejercicio del cargo. El art. 108.8 de la Ley Orgánica Electoral 5/85 señala: «en el momento de tomar posesión, y para adquirir la plena condición de su cargo, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la CE». El Reglamento del Congreso lo recoge también, estableciéndose la fórmula expresa en el RD 707/79.

El problema surge cuando los diputados de Herri Batasuna, al jurar sus cargos, añaden a la fórmula establecida: «por imperativo legal», y el Tribunal Constitucional lo admite, básicamente, por no estar establecida en una norma con rango de ley. Los sucesivos gobiernos no han hecho nada para regularla adecuadamente, con el contenido y el rango que proceda, lo que ha dado lugar a sucesivas derivas como las que hoy nos encontramos.

Las formas en Democracia son esenciales para preservar y defender el sistema. Por eso es necesario que se actúe cuanto antes para acabar con estos bochornosos espectáculos de los que se hace gracia por estos grupos ante la falta de respuesta del Estado. Como también lo sería que se establecieran normas de vestimenta cuando no se sabe estar a la altura de la dignidad de las instituciones. El Parlamento merece un respeto por lo que los diputados nos representan a todos, no sólo a una parte, y menos a ellos mismos. Como también la Corona, sin que sea admisible ir a despachar con el Rey en vaqueros por la mañana y con esmoquin a un acto cultural por la noche. No se es más progre por eso, pero sí se debilitan las instituciones y el Estado si lo consienten.