Al Capone en Sevilla

Aznalcóllar es un pueblito de 6.000 habitantes que vive de cultivar olivos y cereales y del trabajo minero. Se pueden imaginar el desastre cuando los vertidos obligaron a cerrar –hace 17 años– las explotaciones. Con un 34 por 100 de paro, el alcalde de Izquierda Unida, Agapito Ramírez, se devana en vano los sesos para generar oportunidades económicas. En éstas, se abre un concurso para la reapertura de las minas y una muy seria empresa canadiense (Emerita Resources) ofrece crear 892 empleos en Aznalcóllar e invertir 642 millones de euros; las cifras de negocio previstas son de 6.800 millones. Y hete aquí que la Junta, en precampaña electoral, otorga la concesión a una firma mejicana que apenas plantea 476 puestos de trabajo, 304 millones de inversión y 1.620 millones de negocio. Las pesquisas policiales apuntan a la directora general de Industria de la Junta de Andalucía, María José Asensio, la misma que en su momento otorgó 10 millones de euros a la empresa Matsa, en la que trabajaba la hija del presidente andaluz Manuel Chaves, a pesar de que la normativa vigente prohibía dar subvenciones a las empresas mineras (la ley fue cambiada ex profeso). Aquí huele a podrido, sobre todo si se sigue el auto de la juez que investiga el posible amaño del concurso, doña Patricia Fernández. Al parecer, la muy mimada empresa Magtel (receptora de 15 millones de ayudas de la Junta y otros 9 del Gobierno Zapatero), creó –pocos días antes de presentar su oferta– una filial, Minorbis, que ni acreditaba cuentas en el Registro Mercantil ni seguro obligatorio. La nueva marca se asoció en un acuerdo cogido con pinzas con el potente consorcio Grupo México. Al parecer, hasta las firmas del representante mejicano fueron falsificadas. Se da la circunstancia de que Grupo México era responsable de un histórico vertido tóxico en el río Sonora, tan grave como el del río Guadiamar. A pesar de ello, el consorcio mejicano-andaluz ganó el certamen. ¿Cómo pensaba Minorbis-Grupo México llevar a cabo una explotación para la que carecía de planes o dotación técnica adecuada? La respuesta la sabían los dirigentes canadienses desde el 11 de abril de 2014, cuando fueron visitados en la sede de Emerita Resources por el presidente de Magtel, Mario López Magdaleno. El muy bandido anunció que tenía asegurada la concesión: lo probó anunciando una llamada del secretario general de Industria, que en efecto se produjo. El trato propuesto era sencillo: él ponía el contrato, y los canadienses, el dinero y el trabajo. Los beneficios se repartían a medias. Desde Al Capone no se tiene noticia de semejante desparpajo.