Desbarajuste autonómico

Las finanzas públicas constituyen el alma de la descentralización porque sin dinero las autonomías poco pueden hacer para desarrollar su política. Ésta, a su vez, no carece de límites, tanto porque no debe invadir el ámbito del Estado y de los Ayuntamientos, como porque ha de ajustarse a los recursos presupuestarios de los que dispone. De ahí que, en un sistema como el que tenemos en España, encontrar un modelo de financiación que alimente su organización descentralizada es crucial para que los ciudadanos dispongan de unos servicios públicos razonables con calidad suficiente. Sin embargo, pese a los esfuerzos que se han realizado desde más de tres décadas y media, aún no hemos encontrado la fórmula magistral de este asunto. Y la causa no estriba en una insuficiencia de recursos intelectuales para tan ardua tarea, sino más bien en el desbarajuste que impregna el cosmos político regional y que conduce a un disenso casi permanente, a una continuada insatisfacción comparativa, a una reivindicación ininterrumpida de viejos agravios.

Lo estamos viendo en estos días cuando, después de haber entregado un informe de expertos cargado de puntualizaciones singulares, el ministro Montoro se ve impelido a formular un nuevo modelo de financiación autonómica –eso sí, para todos menos para los vascos y navarros, pues lo suyo vale más que lo de los demás y va aparte desde hace más de un siglo y medio–. El ministro, al parecer, está dispuesto para la tarea, pero ha hecho saber que, en esta ocasión, no le va la diatriba y que tampoco dispone de dinero a espuertas para atender las manías de cada uno. «O lo hacemos juntos, o no lo hacemos», les ha dicho a los consejeros autonómicos para que, esta vez, se dejen de melindres y deudas históricas. Hace bien en advertirlo, pues para hacer lo mismo que en las otras ocasiones y redactar una ley impugnada desde el momento mismo de su votación, no merece la pena. Y el ministro sabe que, si se quiere llegar a una solución permanente, hace falta que el sistema proporcione los mismos recursos por habitante a todas las regiones. Esto, que parece de cajón, ha sido hasta ahora lo imposible, pues para lograrlo se necesita romper de una vez por todas el statu quo; o sea, que algunos tienen que perder y otros que ganar para acabar siendo todos iguales.

¡Ah! la igualdad. ¡Bella utopía! ¿Por qué será que, cuando se menciona en estos asuntos, los políticos miran siempre para otra parte? Pasa, por supuesto, en la derecha; pero aún más en la izquierda. En estos días de confusión le hemos visto quejarse al socialista Vicent Soler –seguramente porque la Comunidad Valenciana es una de las peor financiadas– mientras su correligionario Juan José Soto proclamaba que «a nosotros nos va bien con este sistema» –ciertamente porque Cantabria está entre las que cuentan más dinero–. Lo dicho, que los consejeros hagan, por una vez, algo en común. Y si no, que nos dejen de dar la tabarra.