Descrédito institucional

La gran lacra que aqueja a los países en vías de desarrollo es la falta de instituciones respetuosas con la propiedad privada y con los contratos: aquello que tradicionalmente se llamaba el «imperio de la ley». Si los países más pobres contaran con instituciones inclusivas que protegieran al ahorrador del parasitismo social o estatal, el capital internacional los inundaría de inversiones deseosas de obtener la rentabilidad que apenas cosechan en Occidente.

El problema es que esas economías son incapaces de proporcionar tan deseables entornos institucionales y, por tanto, su desarrollo es mucho más débil de lo que podría ser.

La reciente intervención gubernamental de la filial de Gas Natural Fenosa en Colombia, Electricaribe, es una buena muestra de ello. La compañía española acumula impagos sobre sus suministros de electricidad a las familias colombianas por un importe superior a los 1.200 millones de euros: en algunas regiones, la tasa de morosidad alcanzada hasta al 80% de la población e incluye a las propias administraciones públicas –que le adeudan a Gas Natural Fenosa una cantidad que ronda los 45 millones de euros–.

Si no pagar no lleva aparejado sanción –en forma, por ejemplo, de corte del suministro–, la más elemental racionalidad económica conduce a que todo el mundo deje de pagar. Y ése es justamente el problema: los tribunales colombianos, mostrando un nulo respeto por el cumplimiento de los contratos entre partes, obligan a Gas Natural Fenosa a continuar proporcionando electricidad a aquellos hogares defraudadores que incumplen sus obligaciones.

Normal, por consiguiente, que ante tan absoluto desamparo la empresa haya dejado de invertir en el mantenimiento del servicio y que el Gobierno se haya visto «forzado» a intervenirla para garantizar la calidad del suministro. De un error estatal a otro más.

Pero, más allá de las repercusiones que ello acarree sobre la empresa, el problema de fondo continuará estando ahí: aquellos hogares que no pagan la factura eléctrica seguirán sin hacerlo, parasitando ahora no al accionista de Gas Natural Fenosa sino a los contribuyentes colombianos que soportarán las pérdidas. Y, por supuesto, el descrédito de las instituciones del país continuará ahuyentando a muchos inversores internacionales.