Día D en La Moncloa

Mañana podría ser un gran día, pero los pronósticos de un lado y del otro sobre el encuentro Rajoy/Mas en La Moncloa, no son los mejores. Para el Presidente del Gobierno, las cosas están claras: de referéndum catalán secesionista, nada de nada. Porque la Constitución no lo permite; ya que el derecho a decidir a que se refieren algunos, sólo reside en todo el pueblo español, según nuestra Carta Magna de 1978. Y será bueno recordar al respecto que en el referéndum del 6 de diciembre de ese año, votaron el 68 por 100 de los catalanes (más que en cualquier otra consulta popular en el Principado), con nada menos que un 92 por 100 de votos positivos.

Mañana, el Presidente de la Generalidad, también parece que tendrá una posición tan clara como terminante: el referéndum ha de celebrarse el 9 de noviembre. A pesar de que la Generalidad de Cataluña aceptó la legalidad constitucional, al solicitar al Congreso de los Diputados la transferencia de una de las competencias exclusivas del Estado, precisamente el derecho a referéndum. Que no se pudo conceder por las razones ya indicadas de soberanía nacional, lo que tendría que haber hecho desistir cualquier propósito de convocar para el 9 de Brumario.

En las circunstancias expresadas, podría pensarse que mañana, en La Moncloa, sólo habrá un diálogo de sordos, o una conversación tipo método Ollendorf.

Sin embargo, la inmensa mayoría de los españoles preferiría que, si no un entendimiento total –que es imposible en estos momentos–, hubiera por lo menos un principio de acuerdo para negociar cuestiones importantes; a fin de evitar el choque de trenes que podría producirse el 9 de noviembre.

En el sentido que apuntamos, la opción posible y deseable sería abrir una negociación de temas de cierta importancia. Para atender, sin discriminación alguna para las diecisiete CC.AA., una serie de reivindicaciones en la senda a una mejor organización del Estado de Autonomías. Del que nadie ignora que son necesarios no pocos ajustes para proporcionarle la eficiencia de la que hoy carece. Esa es el planteamiento que se hace en mi libro «¿Adónde vas, Cataluña? Cómo salir del laberinto independentista» (Ediciones Península), al esquematizar un nuevo sistema de financiación autonómica. Cuyos principales rasgos innovadores serían tres. Empezando por una nueva Agencia Tributaria conjunta del Estado y las CC.AA., que gestionaría la percepción del IRPF, el IVA y los impuestos especiales, con los que se nutren los recursos que el Estado transfiere a las diecisiete entidades autonómicas, para atender sus gastos de educación, sanidad y una serie de prestaciones sociales. Esa nueva Agencia, de estructura federal, proporcionaría al sistema una mayor capilaridad, a efectos de conocer mejor las fuentes de tributación. Con lo cual se reduciría el fraude fiscal que hoy configura una bolsa estimada en 300.000 millones de euros que escapan a toda imposición. Además, entraríamos en la verdadera corresponsabilidad fiscal Estado/CC.AA., de la que tanto se habla, y por la que se han hecho tan pocos esfuerzos verdaderos hasta el presente.

Una segunda cuestión importante, no sólo para Cataluña, sino para todas las regiones con transferencias netas positivas al resto de España, consistiría en limitar la solidaridad intrarregional. A base de un tope a tales flujos, que en Alemania se ha situado en el 4% del PIB de cada Land; nivel que se corresponde con un criterio muy anterior de la CE, también del 4 por 100, de máximo a percibir por cualquier región comparativamente menos desarrollada. De ese modo nos evitaríamos en España una réplica del «Mezziogiorno», que tras más de un siglo de transferencias norte/sur en Italia, no sólo no ha igualado en rentas a sus regiones, sino que ha exacerbado fenómenos como el clientelismo que se traduce en situaciones de «sottogoverno» y formaciones mafiosas de muy diverso tipo.

La tercera cuestión que podría contemplarse en La Moncloa es la deuda pública propia de las CC.AA. Que como consecuencia de seis años de crisis, se sitúa ya en más de 70.000 millones de euros en el caso de Cataluña; con niveles también muy fuertes en Valencia y otras comunidades. Un problema que para su resolución exigirá de métodos que –en analogía a lo que ya se está estudiando para los Estados nacionales más endeudados de la Eurozona–, podrían pasar una parte importante de la deuda a una emisión mutualizada del Estado español, con carácter de perpetua o a muy largo plazo, y con intereses soportables.

Ya se sabe que la política es complicada, y que plantear un conjunto de soluciones, tropieza siempre con intereses de muy diversa clase. Pero en una situación como la que estamos atravesando, tiene que haber esquemas en los que avanzar en una convergencia de racionalidad en busca de la prosperidad. En vez de seguir, de un lado y del otro, en posicionamientos rígidos, que tienen fundamentos legales sin la flexibilidad deseable, o que se asientan en pretensiones en buena parte emocionales. La labor de dos políticos como los que mañana van a sentarse cara a cara en La Moncloa, es enfriar los temas que puedan ir ganando en virulencia, para propiciar vías de solución que un día resulten aceptables, en la idea de superar situaciones que no cabe esperar a que un día se conviertan en irreversibles.