El déficit público

Hace unos días hemos conocido el déficit público de España relativo al año 2015, coincidiendo con el final de la legislatura anterior y, un año más, se ha desviado del objetivo marcado por Europa para nuestro país. Dicho objetivo estaba fijado en el 4,2% de nuestro PIB y ha terminado siendo del 5,26%, lo que supone casi 10.000 millones más de gasto público sobre lo establecido en los presupuestos para ese año. Y un año más el Gobierno le ha echado la culpa a las CC AA, cuyo objetivo, fijado por el Estado en el 0,7% del PIB, se ha más que doblado, llegando al 1,5% del PIB. Los ayuntamientos, inicialmente grandes responsables también del exceso de gasto público según el Gobierno, han vuelto a cumplir y a tener superávit, como ya lo hacen desde 2013.

A diferencia de lo ocurrido en los tres años anteriores, se ha incrementado de manera importante el gasto de las administraciones públicas, volviendo a una senda de crecimiento preocupante ante los retos que España tiene por delante de cara a la consolidación de nuestra recuperación y al cumplimiento de nuestros compromisos comunitarios, lo que ha hecho que se levanten de nuevo las alarmas en nuestro país.

Culpar simplemente del incumplimiento del déficit a las CC AA es un ejercicio obvio y excesivamente simple para no abordar los problemas que están en el trasfondo de ese incumplimiento, que se mantendrá mientras eso no se haga. Basta como muestra la atención a la hepatitis C, que ha supuesto a las CC AA un incremento del gasto público de 1.000 millones sobre lo presupuestado, siendo ésta una decisión unilateral del Gobierno a la que fueron ajenas.

El reparto del déficit que cada año ha hecho el Ejecutivo entre él y las CC AA no ha tenido en cuenta el peso de cada uno en el gasto público, atribuyendo menor porcentaje al que le correspondía a éstas, exigiéndoles así un esfuerzo mayor en los ajustes que debían hacer para su cumplimiento.

De la misma manera, lejos de exigir el cumplimiento del déficit previsto por igual a todas las CC AA, estableció déficits a la carta para cada una, perjudicando a las que habían hecho esfuerzos cumpliendo con los objetivos marcados, y beneficiando a las que los incumplían bajo el argumento de que no les podían dejar quebrar, dándoles además bajo mano anticipos a cuenta –a Cataluña hasta 60.000 millones–, sin que el incumplimiento tuviera penalización alguna, y sin que las sanciones establecidas en la Ley de Financiación Autonómica se aplicaran en ningún momento. Ni siquiera se intervino para garantizar que la financiación se destinara a pagar los servicios esenciales y sus competencias constitucionales y no para otros objetivos al margen de aquéllos.

En lugar de obligarlas a cumplir los objetivos aplicando la ley, se optó por intervenirlas indirectamente a través del mecanismo del FLA mediante el cual se les facilitaba crédito para hacer frente a su gasto, pero no con el objetivo de ajustar el mismo a sus ingresos, sino para condicionar su política fiscal y su gestión, obligándolas a subir impuestos y a recuperar otros como el impuesto de patrimonio o el de sucesiones y donaciones.

Esta política no ha conseguido corregir el gasto de las CC AA para ir cumpliendo el objetivo de déficit fijado cada año, como se ha puesto de manifiesto con el déficit de 2015, en el que se ha vuelto a la senda de crecimiento del mismo. Como tampoco ha conseguido frenar la deriva nacionalista en Cataluña, cuyo Gobierno ha puesto en marcha distintas iniciativas legislativas para separarse de España. La profundización en esa política intervencionista con la ampliación del FLA a todas las CC AA lo que ha conseguido es que comunidades que hasta ahora eran cumplidoras, ahora no estén cumpliendo.

La no realización de reformas estructurales en ninguno de los servicios que pesan en el gasto público –Sanidad, Servicios Sociales, Educación, Seguridad Social y Régimen de Pensiones– para hacerlo sostenible sigue haciendo difícil el cumplimiento de estos objetivos. Como también lo hace el que no se haya abordado el nuevo modelo de financiación que sustituya al actual, denostado por todos, cuya vigencia venció hace mucho tiempo, y respecto del cual también se incumplió el compromiso de aprobarlo una vez se hiciera la reforma fiscal y aumentaran los ingresos.

Los amagos del Gobierno amenazando a los incumplidores en pleno ejercicio de sus competencias quedaron en eso, y ahora, en funciones, ni son creíbles, ni probablemente posibles. No se ha entendido, o no se quiso entender que la autonomía financiera de las CC AA es perfectamente compatible con aplicar las penalizaciones del sistema de financiación cuando se den las circunstancias previstas para ello, y el resultado es que cada vez hay más comunidades que incumplen, el déficit público ha superado el establecido, y el gasto público vuelve a crecer, y no se han corregido los problemas políticos de nuestro país en relación con algunas CC AA, todo ello, en un contexto de gran incertidumbre política, de desaceleración de la economía en el primer trimestre del año, y con una corrección a la baja de las previsiones de crecimiento para 2016 hechas por el Banco de España.

La explicación dada por algunos de que como 2015 era un año electoral se iba a gastar más confirma el hecho de que para ellos no importa ni el gasto ni el déficit, sino la política y las elecciones. El problema es que formamos parte de un club, la Unión Europea, que se sostiene sobre la base de que sus miembros cumplan sus compromisos económicos, y la consecuencia es que al recorte que ya nos exigían se suma ahora esta importante desviación que el nuevo Gobierno, los ciudadanos en definitiva, tendremos que afrontar.