El dilema

«Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías». Es el programa electoral del partido en el Gobierno. Si ya ahora el Consejo es elegido «entre y por» los jueces al proponer al Parlamento precandidatos, se deduce que la promesa tiene sentido en su lógica histórica: PP siempre ha dicho que su sistema era el originario: los jueces deberían elegir no precandidatos sino directamente a los doce vocales judiciales.

Esta promesa va a incumplirse. Me coloco ahora en la lógica política: cumplirla sería dar el gobierno del Poder Judicial a jueces levantiscos y, sobre todo, a unas asociaciones sindicalizadas y ni unos ni otros están ni se las espera en la formulación de un programa calificable como de reforma judicial. O visto del lado judicial: es difícil reclamar esa responsabilidad de gobierno si no hay discurso propio de la política judicial; y digo «política judicial» para marcar diferencias. Por ejemplo, en algunas publicaciones asociativas son una retahíla de escritos que no pasan de meras ocurrencias particulares, eso sí, con mucha ironía y mucha gracieta; todo muy válido para una sobremesa relajada, pero no como ideario de gobierno.

Se identifica «política judicial» sólo con reivindicaciones profesionales. No digo que éstas no sean parte de aquélla, pero es una parte: que luego que no se diga que la reforma convierte al Consejo en una dirección general del personal judicial, cuando el discurso asociativo no pasa de lo que gestionaría una dirección general del personal judicial. Fuera de esto, lo que más se aproximaría a una propuesta de política judicial es el tópico de aumentar sin más el número de jueces. Añádase la experiencia de los últimos años de gobierno judicial, identificado por las asociaciones como gestión de intereses de grupo, sin olvidar su torpeza en el caso Dívar, gota que colmó el vaso.

Visto tal panorama y ante el dilema de cumplir la promesa electoral, el poder político opta por una reforma antiasociativa. Esto es grave porque las judiciales no son unas asociaciones del montón, están expresamente previstas en la Constitución y su adjetivo de «profesionales» coincide con algunas competencias del Consejo. La opción es, por tanto, enterrar el sistema de elección directa por los jueces y mantener el de 2001, que los jueces elijan precandidatos pero dando muchísimas facilidades para que los no asociados –el 50% de la Judicatura– tengan más posibilidades en el nuevo Consejo.

Probablemente los no asociados aplaudirán la reforma, pero que no se hagan ilusiones. Ha aflorado un verdadero 15M judicial, con líderes de seguro tirón electoral e ideario desconocido pero retratados por sus excesos y radicalismo. Desahuciadas las asociaciones y ante el riesgo de que triunfen los antisistema, todo parece indicar que los partidos irán a lo seguro, inspirarán candidatos que, cabe presagiar, estarán designados in pectore cuando seamos llamados a las urnas. Ojalá me equivoque porque de ser así el próximo proceso de renovación quedaría en artificio.

Pero no nos flagelemos en exceso. La reforma responderá al interés político en tutelar el gobierno judicial, cierto, pero responde a otra lógica que pasa por otras reformas, como la del proceso penal. Ya lo hablaremos, pero ahora que se atisba que la corrupción no es tan aislada se intuye un rediseño del sistema de controles favorable a todo el estamento político sin distinción de colores. Nuestro sistema político y sus protagonistas no tolerarán una tangentopoli italiana a la española, que aflore una corrupción estructural que entierre el régimen de partidos ahora imperante.

Vuelvo al patio judicial: ¿se ha acabado la historia?, ¿las cosas son ya irremediablemente así? El asociacionismo judicial está en crisis y precisa reconvertirse y esto es tarea nuestra; aun así espero que los partidos capten que cuentan con gente válida y de trayectoria conocida y contrastada; que las asociaciones no pueden ser arrinconadas para volver, de hecho, a la situación preconstitucional; que no es ético echarlas en cara defectos que partidos o sindicatos tienen en grado superlativo, ni aislarlas por un virus que la partitocracia ha inoculado a nuestro sistema político y constitucional.