El error de subir el SMI

La legislación sobre el salario mínimo suele considerarse una materia con profundas implicaciones sociales: «Si el Gobierno decide rubricar un incremento legal de la remuneración laboral mínima, entonces los sueldos de los ciudadanos peor pagados de España reflotarán». Desde esta perspectiva, el rechazo a incrementar por ley el salario mínimo interprofesional apenas podría responder a un acto de sadismo injustificable. ¿Por qué otro motivo fundamentado podría un gobernante oponerse a elevar la remuneración legal mínima? ¿Es que acaso no desea que los españoles disfruten de una mayor calidad de vida a través de unos salarios más altos? Lo cierto, empero, es que incrementar el salario mínimo marcado por la ley no equivale necesariamente a aumentar los salarios más bajos de los españoles: al contrario, en muchos casos puede terminar condenándoles al desempleo permanente. Imaginemos que un probo político populista incrementa la altura de todos los españoles por el mágico procedimiento de aprobar una «ley de altura mínima para trabajar»: «La altura mínima para trabajar quedará fijada en los 180 centímetros». Uno esperaría que la inmensa mayoría de conciudadanos entendiera que el resultado de fijar una altura mínima para trabajar no sería el de hacer crecer a todos los españoles hasta 180 centímetros, sino el de condenar al desempleo estructural a todos aquellos que no cubrieran semejante expediente anatómico. Pues bien, con las leyes de salario mínimo sucede lo mismo: los salarios que un empresario puede abonar a sus trabajadores dependen de la productividad marginal de esos trabajadores; si su productividad no aumenta, los salarios no pueden incrementarse de manera sostenida. Por ello, si la ley obliga a todas las empresas a abonar sueldos más altos incluso para los trabajadores menos productivos, el resultado de la medida será el de condenar al paro a esos trabajadores (típicamente inmigrantes poco cualificados y jóvenes que acaban de acceder al mercado laboral). De ahí que constituya un profundo error que el Gobierno, acaso preparándose para las siguientes elecciones autonómicas y generales, esté dispuesto a ceder ante las exigencias sindicales y aprobar un alza del salario mínimo del 4% en 2018, del 6% en 2019 y del 10% en 2010. Estamos poniendo en riesgo la creación futura de empleo en un país con una tasa de paro estructural históricamente gigantesca.