El golpe

La Razón
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Los tres grandes partidos constitucionalistas –PP, PSOE y C’s– han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para frenar la deriva secesionista en el Parlamento catalán. Juntos, pero no revueltos, debido a la proximidad de las urnas.Y el presidente del Gobierno multiplica sus encuentros con los representantes políticos y las fuerzas económicas y sociales, en busca de un gran pacto nacional contra semejante desafuero. Es lo mínimo que se puede hacer. Se echa en falta quizás una presencia más visible del Rey en esta gran operación de Estado. Estamos ante lo que García-Margallo califica de «golpe de Estado institucional». El golpe no lo monta en este caso una fuerza política sino, como ha apuntado Josep Piqué, un órgano del Estado, cuya razón de ser es el Estatuto y la Constitución, lo que confiere a semejante despropósito una gravedad mayor. Tanto Piqué como Margallo están acostumbrados al lenguaje diplomático, que huye de estridencias. Así que lo de golpe de Estado institucional no parece una exageración. Esto obliga a actuar ya en consecuencia. Herzog, el representante de UpyD, ha pedido al presidente activar de una vez la vía penal. Yo no echaría en saco roto el consejo. Es lo que exige a gritos la gente de la calle, que ve esto tan grave como el 23-F y que está cansada de provocaciones. A ver qué hacen la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ante los flagrantes quebrantamientos de la legalidad. La vía penal no está reñida con la vía política. Deberían ser complementarias.

«Estamos ante un motín que hay que sofocar», declara sin ambages el jefe de la diplomacia española. Los motines no se sofocan con agua bendita. En su día, en plena Guerra Civil, Manuel Azaña calificó el alzamiento militar que acabó con la República de «crimen de lesa España». No parece que sea exagerado calificar de «crimen de lesa España» lo que está ocurriendo en Cataluña a manos de una serie de dirigentes políticos, sembradores de división y odio, que perdurarán durante varias generaciones. Los más interesados en forzar la secesión aparecen además envueltos en escandalosas sospechas de corrupción. El hecho es éste: el nuevo Parlamento catalán, sin acabar aún de constituirse y con un Gobierno en funciones y dividido, pretende dar un golpe de Estado institucional con la aprobación de una declaración de independencia, quebrantando con altanería e irresponsabilidad la legalidad vigente. El recurso de amparo es una tímida representación del desamparo de la democracia a que se ha llegado en Cataluña.