La muerte no es el final

No puede serlo. El fallecimiento repentino de sor María, la monja presuntamente implicada en el caso de los bebés desaparecidos en la maternidad madrileña de Santa Cristina, no puede dar como resultado el carpetazo a un asunto que ha sido motivo de escándalo público e inmenso dolor para unas familias cuyos hijos recién nacidos fueron dados en adopción mientras a ellos se les aseguraba que habían muerto, cuando no se presionaba directamente a las madres solteras y sin recursos en unos años en los que la hipocresía social alcanzaba niveles enormes. La Justicia tiene que seguir adelante porque sor María no pudo actuar sola, sin la complicidad de otras personas ligadas a la citada maternidad o a otros estamentos, incluidas las instancias públicas que actúan, o mejor que actuaban en aquellos momentos, en estos procesos de adopción y que debían, cuando menos, ejercer un estricto control. No se trata de hacer un juicio de intenciones sobre la religiosa desaparecida, o sobre los médicos responsables de aquel centro, o sobre sus administradores. Se trata de reparar, en lo posible, el enorme daño moral de quienes hayan sido víctimas de este engaño, al que podemos seguir poniendo delante el adjetivo «presunto» ya que estamos en un Estado de Derecho donde la condena sólo es posible si la dicta un tribunal. Lo que ocurre es que en España la llamada pena de telediario, o de titular, o de comentario radiofónico, es una práctica tan habitual, tan cotidiana, que la presunción de inocencia ha desaparecido en la práctica. Nunca sabremos, de verdad, las auténticas responsabilidades de sor María, que se ha llevado sus secretos a la tumba. Pero si los hechos denunciados y por los que fue imputada son ciertos, la Ley tiene que llegar hasta el final. Una Justicia que no repara termina siendo una caricatura, cuando no sencillamente una farsa.